São Paulo, 22 ago (EFE).- La Corte Suprema de Brasil condenó este viernes a cinco años y tres meses de prisión a la diputada ultraderechista Carla Zambelli, detenida en Italia, por perseguir a un militante de izquierdas a punta de pistola por la calle en la víspera de las elecciones de 2022.
El plenario del alto tribunal, por nueve votos contra dos, impuso así la segunda condena contra la legisladora, sobre la cual ya pesaba otra sentencia de diez años de cárcel por encomendar a un hacker una invasión de los sistemas informáticos del Poder Judicial.
En esta ocasión, la corte, en sesión virtual, halló culpable a Zambelli, una de las voces más radicales de la ultraderecha brasileña, de porte ilegal de arma de fuego y coacción con uso de arma de fuego.
Los hechos ocurrieron el 29 de octubre de 2022, en la víspera de la segunda vuelta de los comicios presidenciales, en los que el progresista Luiz Inácio Lula da Silva se impuso por un estrecho margen al ultraderechista y candidato a la reelección Jair Bolsonaro.
Ese día, Zambelli discutió con un simpatizante de Lula y, en un momento determinado, sacó su arma de fuego y lo persiguió por la calle, llegando a entrar a un comercio, mientras lo apuntaba con la pistola, en la ciudad de São Paulo.
El juez Gilmar Mendes, instructor del caso, resaltó la gravedad del episodio, pues la diputada «ingresó a un establecimiento comercial persiguiendo a la víctima, después de sacar el arma de fuego, generando un innegable peligro concreto para los clientes del lugar».
«La legislación penal prevé mecanismos específicos para lidiar con delitos contra el honor y amenazas, y no legitima ninguna forma de represalia armada», indicó el magistrado.
Zambelli fue detenida el pasado 29 de julio en Italia, adonde huyó después de recibir la primera condena, dictada en mayo pasado, por la invasión informática a los sistemas de la Justicia brasileña en un intento por desacreditar el proceso electoral.
Al parecer, la diputada salió primero hacia Argentina, desde donde se dirigió a Estados Unidos para finalmente llegar a Roma, donde afirmó que estaría protegida por el hecho de tener también la ciudadanía italiana.
El Supremo brasileño ya solicitó al Ministerio de Justicia que inicie el trámite para pedir la extradición de la congresista, quien se declara víctima de una «persecución» judicial.
