Brasilia, 2 abr (EFE).- La Corte Suprema de Brasil prohibió este miércoles las inspecciones íntimas consideradas “vejatorias” a visitantes en las cárceles, como las que obligan a desnudarse, y ordenó equipar todas las prisiones del país con equipos de rayos X y escáneres en un plazo de dos años.
El pleno del alto tribunal, formado por once magistrados, decidió por consenso que son “inadmisibles” los “exámenes invasivos”, que buscan “causar una humillación” en las visitas a los centros penitenciarios.
La realización de este tipo de registros, a priori, tenían por objeto evitar que ingresaran celulares, drogas e incluso armas en los presidios.
Sin embargo, a partir de ahora, las pruebas obtenidas a partir de esas inspecciones pueden ser consideradas “ilícitas”, salvo que los tribunales decidan lo contrario en función de cada caso, según la máxima instancia judicial brasileña.
El Supremo sentó jurisprudencia sobre este asunto al analizar un recurso de la Fiscalía, que pedía revertir la absolución de una mujer que fue sorprendida intentando introducir en una cárcel de Porto Alegre 96 gramos de marihuana dentro de un preservativo que llevaba en su vagina.
La mujer fue condenada en primera instancia, pero recibió una sentencia absolutoria en una corte de apelaciones, que consideró que la forma en que las autoridades la registraron fue ilegal.
De esta forma, el Supremo dictó que las inspecciones íntimas solo podrán realizarse “en situaciones excepcionales”, en caso de que el centro penitenciario no tenga los aparatos necesarios o estos no funcionen.
Además, se llevarán a cabo apenas cuando haya “indicios robustos” de sospechas sobre un visitante, que siempre se podrá negar a ello, en cuyo caso los agentes penitenciarios podrán negar su entrada al recinto.
Se realizarán además en sitios “adecuados” y, de ser posible, por profesionales sanitarios del mismo género que el visitante.
Con el objetivo de reducir al máximo este tipo de situaciones, el Supremo obligó al Gobierno central y a las administraciones de los 27 estados del país equipar todas las prisiones con máquinas de rayos X, escáneres corporales y detectores de metales en 24 meses.
Brasil tiene la tercera mayor población carcelaria del mundo, con unas 670.000 personas privadas de libertad, en su mayoría hombres negros que no completaron la educación básica, según datos oficiales.
Diversas organizaciones de Derechos Humanos han denunciado que el sistema penitenciario brasileño está “superpoblado”, “repleto de violencia”, con la actuación de varias organizaciones criminales, y “sin recursos para asegurar un mínimo de dignidad humana”.
