Madrid, 25 sep (EFE).- El Tribunal Supremo ha designado formalmente la Sala de siete magistrados que juzgará al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en la supuesta filtración de un correo sobre el caso por fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Son cuatro hombres y tres mujeres los que formarán el tribunal, que estará presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, de acuerdo a la providencia dictada este jueves por el Supremo.
La magistrada Susana Polo, considerada de sensibilidad progresista, será la ponente de la futura sentencia, como así lo fue del auto de admisión que marcó el inicio de la causa contra el fiscal general en el Supremo.
Además de los ya nombrados, integrarán el tribunal los magistrados Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Carmen Lamela -considerados de tendencia conservadora-, y Ana María Ferrer, progresista.
Falta por saber la fecha del juicio en el que un fiscal general del Estado se sentará por primera vez en el banquillo de los acusados.
En el foco se sitúa la filtración a la prensa de un correo que el 2 de febrero de 2024 el abogado del empresario Alberto González Amador, novio de Díaz Ayuso, envió al fiscal que lo investigaba y en el que admitía, de común acuerdo con él, que había defraudado a Hacienda más de 350.000 euros en busca de un acuerdo que rebajase su petición de condena.
La Fiscalía, convencida de que no hay delito desde el inicio, pide para la absolución del fiscal general, mientras que las acusaciones particular y populares -entre las que figura el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid o una asociación de fiscales- piden para él una condena de entre 4 y 6 años de prisión.
Este mismo jueves se ha conocido el escrito de la defensa que, en su nombre, ha presentado la Abogacía del Estado, en el que reitera que ni los hechos son constitutivos de delito ni existe responsabilidad penal del fiscal general.
Defiende que Álvaro García Ortiz siempre actuó en defensa del prestigio de la carrera al recabar los correos entre el abogado del novio de Díaz Ayuso y el fiscal para informar verazmente con una nota de prensa ante informaciones tergiversadas, y apunta a una campaña «perfectamente orquestada» desde el aparato institucional de la Comunidad de Madrid para presentar al novio de la presidenta como «víctima de una operación política».
Al margen de este procedimiento, la investigación por fraude al novio de Ayuso continuó su curso. El empresario está procesado y recientemente una magistrada lo envió a juicio por varios delitos como fraude fiscal o grupo criminal, mientras está imputado también por corrupción en los negocios.
