Madrid, 9 sep (EFE).- El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acordado la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos por la filtración sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Hurtado ha dictado un auto, que no es recurrible, en el que envía a juicio al fiscal general y da un plazo de díez días a su abogado para que presente su escrito de defensa frente a las acusaciones, que piden cuatro años de prisión e inhabilitación, salvo la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales que lo eleva a seis años.
En cambio, rechaza suspenderle cautelarmente de sus funciones, como pedía esta asociación, al señalar que existe una regulación para acordar la suspensión de cualquier miembro de la carrera fiscal por vía administrativa, que no contempla la del fiscal general del Estado, lo que a su juicio entiende como «un vacío legal», si bien envía su auto a la Inspección Fiscal para que, en su caso, resuelva lo que proceda y le informe de la decisión adoptada.
Hurtado concede cinco días para que deposite una fianza de 150.000 euros
Hurtado fija, además, una fianza de 150.000 euros a García Ortiz para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar, como costas o la multa contemplada para este delito, con la advertencia de que, si no la presta en el plazo de cinco días, se le embargarán bienes para asegurar dicha cantidad.
El juez considera excesiva la cantidad de 300.000 euros solicitada por González Amador como indemnización por perjuicios morales.
Ahora corresponde a la Sala de lo Penal fijar la fecha de un juicio que será histórico, si bien fuentes jurídicas avanzan a EFE que previsiblemente se celebrará en noviembre por un tribunal compuesto por siete magistrados, según las normas de reparto.
De esta forma, presidirá el tribunal Andrés Martínez Arrieta y le acompañarán Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Carmen Lamela, Ana Ferrer y Susana Polo.
Desde Fiscalía rechazan hacer cualquier comentario por respeto al tribunal y al procedimiento, según señalan a EFE fuentes fiscales.
El juez cree que el fiscal general dio publicidad a una información confidencial
En su auto, Hurtado envía a juicio a García Ortiz por, «indiciariamente, haber revelado, en su condición de fiscal general del Estado, secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo», al tiempo que destaca que «no concurre supuesto alguno por el que sea procedente algún tipo de sobreseimiento».
Explica que el correo de 2 de febrero de 2024, en el que el abogado de González Amador «de común acuerdo» admitía al fiscal la comisión de dos delitos fiscales, contenía «información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano» que estaban «sujetos a los criterios de reserva y confidencialidad».
Al respecto, explica que el protocolo de conformidad suscrito por la Fiscalía General y el Consejo General de la Abogacía lleva aparejado un deber de discreción, por razón del cual «no es tolerable divulgación alguna a terceros sin autorización del interesado, cuya reputación bien pudiera verse perjudicada por esa revelación».
Hurtado dice que esa actuación «pone en cuestión el prestigio de la institución, con el menoscabo que ello comporta» y añade que todo ello fue asumido por García Ortiz, desde el momento que, «a una información confidencial de la que tuvo conocimiento por razón de su cargo como fiscal, le dio una publicidad que no debió alcanzar, como alcanzó, al salir del ámbito de reserva para el que fue concebida».
