Madrid, 23 abr (EFE).- El juez del Supremo Leopoldo Puente ve “indicios bastantes” de delito en la actuación de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera por la contratación de Jéssica Rodríguez, la expareja del exministro José Luis Ábalos en dos empresas públicas, pero deja su imputación en manos de la Audiencia Nacional.
El magistrado ha dictado un auto en el que envía al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno los documentos elaborados por Ineco y Tragsatec en relación con estos dos contratos, así como parte del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la declaración que prestó como testigo Jéssica Rodríguez ante el magistrado.
Todo ello para que valore la existencia de posibles indicios de criminalidad en la actuación de Pardo de Vera en dichas contrataciones, y acuerde, en su caso, citarla como investigada.
Según el magistrado, existen “indicios bastantes” para considerar que Pardo de Vera “habría podido tener una relevante participación en la que se presenta como posiblemente irregular y caprichosa contratación por sendas empresas públicas de una persona escogida libérrimamente por Ábalos”, quien habría contado “con la relevante participación” del exasesor ministerial Koldo García.
Y, añade, “sin que aquélla durante el período en el que estuvo contratada, desplegara actividad laboral alguna”, pese a que sendas empresas públicas remitieron dos informes en los que certificaban que Jéssica Rodríguez sí trabajó. Para el juez, en cambio, resultan “particularmente reveladoras” las comunicaciones mantenidas entre Pardo de Vera y Koldo en este sentido, que revela la UCO.
Cita a la exmiss Asturias por su contrato en Logirail
Asimismo, el instructor cita como testigo a la que fue miss Asturias y expareja de Ábalos, Claudia Montes, tras un informe de la UCO que señala que “podría haber sido contratada irregularmente en la empresa pública Logirail por “la influencia” del exministro y con “la relevante colaboración” de Koldo, por lo que ve conveniente que aclare los motivos de esa contratación.
También a César Moreno, un socio del empresario Víctor de Aldama, para que explique “las pretendidas entregas periódicas de diez mil euros mensuales” de Aldama, o personas que actuaban por su encargo, a Koldo García. Ambas testificales tendrán lugar el próximo 6 de mayo.
Rechaza, en cambio, las peticiones de Ábalos para que citara como testigo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, porque no resultan “pertinentes, útiles ni necesarias”.
El exministro había solicitado estas declaraciones porque el informe de la UCO reseñaba que Interior también adquirió durante la pandemia una importante cantidad de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada con Aldama, pero el juez dice que no se ha identificado “irregularidad alguna” en ese contrato.
Ordena investigar las adjudicaciones en los documentos de Aldama
En el mismo auto, el magistrado ordena a la UCO que investigue la adjudicación de las obras que aparecen en dos documentos presentados por Aldama en el Supremo, un anexo de los presupuestos generales del Estado de 2021 con supuestas obras públicas preadjudicadas y un pantallazo con una nota manuscrita sujetada por una mano.
Puente adopta esta decisión una vez que la prueba caligráfica a la que se sometió Koldo para comprobar si su letra era la misma que aparecía en esos documentos ha demostrado que es coincidente, por tanto, habría escrito las notas en los contratos sobre la preadjudicación de obra pública a cambio de comisiones.
