Madrid, 3 oct (EFE).- El Tribunal Supremo juzgará entre el 3 y el 13 de noviembre al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos en torno a la supuesta filtración de un correo relacionado con la causa por fraude a Hacienda de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Un juicio en el que declararán 40 testigos, entre ellos, la pareja de Ayuso, Alberto González Amador; su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez; el ex secretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato; el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, o la exasesora de Moncloa y actual número 2 del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera.
En su auto, conocido este viernes, el tribunal rechaza citar al ministro para la Transformación Digital, Óscar López; al ex número 3 del PSOE Santos Cerdán, o al exjefe de gabinete de Juan Lobato al no haberse acreditado la pertinencia o relación de su testimonio respecto a los hechos que se van a enjuiciar.
Será la primera vez que un fiscal general del Estado se siente en el banquillo por unos hechos por los que las acusaciones -entre las que está la pareja de Ayuso y una asociación de fiscales- piden entre cuatro y seis años de cárcel y hasta doce años de inhabilitación.
Álvaro García Ortiz, que será el último en declarar, está acusado de haber filtrado un correo del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de la pareja de Díaz Ayuso reconocía «de común acuerdo» con su cliente la comisión de dos delitos contra Hacienda en su nombre en busca de un acuerdo que rebajase su petición de condena.
La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha negado desde el primer momento que haya indicios de delito y pide la absolución del fiscal general. También su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, mantiene su inocencia y asegura que «no ha existido hecho delictivo».
En paralelo a este procedimiento, la pareja de Díaz Ayuso está procesado por haber defraudado presuntamente 350.951 euros a Hacienda y haberse servido de un trama de facturas falsas, e investigado en otra rama de la causa por presunta corrupción en los negocios.
Seis jornadas en sesiones de mañana y tarde
El Supremo ha fijado seis jornadas de juicio, en sesiones de mañana y tarde, en el que también declararán como testigos varios fiscales, periodistas y guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO).
Tres de esos funcionarios de la UCO declararán también como peritos, como así solicitaban las acusaciones populares y ha admitido el Tribunal Supremo.
Los magistrados también han acordado, como prueba anticipada solicitada por varias acusaciones, requerir a la Fiscalía los expedientes gubernativos de las daciones de cuenta realizadas en el procedimiento abierto por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador.
La Sala reclama a la Cadena Ser que aporte la grabación del programa Hora 25 del día 13 de marzo en el que un periodista informaba del correo sobre el que gira la acusación contra García Ortiz, y a la noticia que este periodista escribió.
Al enviar a juicio al fiscal general del Estado, el juez Ángel Hurtado rechazó suspenderle cautelarmente de sus funciones, como pedía una asociación de fiscales, pero envió su auto a la Inspección Fiscal para que, en su caso, resuelva lo que proceda y le informe de la decisión adoptada.
En respuesta, la Inspección Fiscal ha trasladado al magistrado que «carece de competencia para su tramitación» y que no existe expediente incoado respecto a García Ortiz.
El tribunal que juzgará a García Ortiz estará presidido por el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Andrés Martínez Arrieta, y formado por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Carmen Lamela, Ana Ferrer y Susana Polo.
