Madrid, 29 jul (EFE).- El Tribunal Supremo ha situado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a las puertas del juicio al confirmar su procesamiento por supuesta revelación de secretos por las filtraciones sobre el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude a Hacienda.
En un auto la Sala de apelación del alto tribunal desestima los recursos de la Fiscalía y de Álvaro García Ortiz contra la decisión del magistrado del Supremo instructor de la causa, Ángel Hurtado, de procesar al fiscal general.
La Sala estima que los indicios recabados durante la instrucción son suficientes para que se pueda formular acusación por los hechos investigados contra García Ortiz.
Sin embargo, archiva las actuaciones respecto a la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por no apreciar indicios de que cometiera delito.
En su auto la Sala señala que «no se cuestiona que la Fiscalía General pretendiera legítimamente salir al paso de informaciones que consideraba inveraces» sobre la causa contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, pero entiende que «para realizar la réplica informativa no era preciso revelar información reservada».
Y añade que «siendo cierto que existieron filtraciones anteriores del procedimiento» contra González Amador «que motivaron incluso las quejas de la fiscal superior de Madrid también lo es que esas filtraciones son ajenas al objeto de esta investigación».
Por otra parte advierte de que «la desaparición de la información de los dispositivos móviles y correos» de García Ortiz «tuvo por finalidad ocultarla ante una posible investigación».
El auto de la Sala reproduce los hechos apreciados por el instructor de la causa, Ángel Hurtado.
Este magistrado señaló en su auto que, a nivel indiciario, cabe presumir que el fiscal general facilitó a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo, de 2 de febrero de 2024, en el que el abogado de Alberto González Amador, «de común acuerdo» admitía al fiscal la comisión de dos delitos fiscales en su nombre, un correo que le fue remitido por Pilar Rodríguez.
Hurtado destacó que dicho correo «contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales» de González Amador, «en una conversación privada» entre letrado y fiscal que está «sujeta a criterios de reserva y confidencialidad».
Relató que, «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno» tras la información publicada por El Mundo el 13 de marzo de 2024 a las 21:29 horas, el fiscal general, «con la finalidad de ganar el relato» sobre de quién había surgido la iniciativa para llegar a un pacto de conformidad, «entró en una dinámica de un frenético intercambio» de mensajes con otros fiscales para dejar claro que la Fiscalía no había ofrecido ningún acuerdo.
Hurtado explicó que García Ortiz llamó a Rodríguez, quien a su vez llamó al fiscal del caso, Julián Salto, para solicitarle, por encargo del fiscal general, que le remitiera inmediatamente los correos entre él y el letrado de González Amador, porque iban a hacer una nota para desmentir una información que estaba circulando por la redes, lo que así hizo, y entre esos correos estaba el email clave del 2 de febrero.
Según el instructor, «la finalidad» era la de reenviarlos inmediatamente al correo particular de García Ortiz, para facilitarlo a la cadena SER y que le diera publicidad, lo que ocurrió a las 23:25 horas en antena y a las 23:51 horas en su web, con una información que añadía que la Fiscalía de Madrid preparaba un comunicado.
Hurtado explicaba que esa nota se la envió después el fiscal general a Rodríguez, quien «le dio el visto bueno, sin oposición alguna a su publicación» -lo que ella niega-, que se produjo a las 10:20 horas del 14 de marzo.
Paralelamente, desde Fiscalía General, y antes de que se publicara por otros medios el correo clave, se envió copia de él a Pilar Sánchez Acera, directora de Gabinete de Óscar López, entonces director del Gabinete del Presidente del Gobierno, quien lo usó para dar instrucciones al que era líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, para que lo exhibiese en una intervención en la Asamblea de Madrid, según el instructor.
Ahora, la Sala de apelación concluye que «la filtración en la noche del 13 de marzo de 2024 del correo a la prensa que contenía información reservada y que no debía publicarse y su posterior difusión en una nota informativa elaborada por el fiscal general y publicada la mañana siguiente fue una actuación coordinada e impulsada personalmente por Álvaro García Ortiz, quien había reclamado el correos dos horas antes de su publicación para su difusión».
La decisión de la Sala de apelación del Supremo respecto a García Ortiz es adoptada por mayoría, al haber sido apoyada por dos de sus tres magistrados, Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres.
El tercer magistrado, Andrés Palomo del Arco, ha emitido un voto particular en el que considera que debía haberse archivado también la causa contra el fiscal general al no apreciar que revelara ningún dato que no se conociese con anterioridad sobre el caso de González Amador.
