Rafael Martínez
Madrid, 29 mar (EFE).- El Constitucional abordará previsiblemente en el pleno del 8 de abril el debate sobre si la Audiencia de Sevilla puede elevar una cuestión prejudicial a la Justicia europea por el caso de los ERE, un escenario que, hasta la fecha, cuenta con “más posibilidades” de prosperar, si bien ese día fijará su posición.
Este último capítulo de los ERE arrancó cuando la Audiencia cuestionó en una providencia que el amparo concedido por el TC a distintos condenados fuera del todo compatible con el derecho de la UE, y pidió opinión a las partes sobre si la corte de garantías se extralimitó e invadió ámbitos reservados a los jueces.
Así, este movimiento de la Audiencia llevó el pasado lunes al propio presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, a abrir el debate sobre si el tribunal sevillano puede acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Fuentes jurídicas informan a EFE de que la intención del tribunal pasa, en principio, por abordar este asunto en el próximo pleno ordinario del 8 de abril.
Se trata, según las fuentes, de reflexionar sobre la incidencia que el planteamiento de cuestiones prejudiciales en fase de ejecución de sentencia tiene sobre la efectividad de las resoluciones del tribunal, sin ningún condicionamiento previo.
Más posibilidades de dejar el asunto en manos del TJUE
En concreto, lo que preocupa no es la cuestión prejudicial sino el “efecto llamada” que pueda provocar, incluso en el ámbito de la jurisdicción ordinaria.
Dicho de otro modo, la clave está en reflexionar sobre una hipotética conversión de la cuestión prejudicial en un recurso secundario, interpuesto para paralizar la ejecución de las sentencias firmes, una vez resueltos todos los recursos anteriores.
Es más, la opción de dejar el tema en manos del TJUE “está abierta” y en este momento es el escenario que cuenta con “más posibilidades” de prosperar, si bien la corte no ha tomado ninguna posición, precisamente porque “es una situación que no se había producido nunca, hasta la fecha”, dicen, un tribunal ordinario cuestionando las resoluciones del garante de la Carta Magna.
Los magistrados dispondrán de varios informes con diversos escenarios
Para ello, los magistrados tendrán sobre la mesa diversos informes de sus respectivos equipos de letrados, con atención a los especializados en derecho comunitario, para formarse una opinión. Las fuentes señalan que llevan días trabajando con ellos.
Es más, otras fuentes consultadas por EFE reconocen que esos informes internos ya circulan entre los magistrados. Uno de ellos, elaborado por una letrada adscrita al conservador César Tolosa concluye que el TC no puede impedir a los jueces españoles que acudan al TJUE.
Ahora bien, lo que no hay es un encargo directo del presidente o del tribunal a un equipo de letrados de la corte, ya que la intención aquí pasa por analizar las posibilidades que propongan los diversos informes encargados, con libertad de criterio.
El TC trata de rebajar la tensión con la Audiencia
En los últimos días, el Constitucional ha tratado de rebajar la tensión con la Audiencia, a la que ha pedido que le remita la providencia para “tener oficialmente un documento que era público, con el fin de deliberarlo en el Pleno” ya que esta es la forma habitual de comunicación con los órganos judiciales, un movimiento que no ha gustado en Sevilla, que pide al TC que lo justifique.
El Constitucional no ve este asunto como un enfrentamiento entre ambas instituciones, aunque desde el tribunal son conscientes del revuelo mediático causado.
Porque explican que, en la práctica, las sentencias de la corte de garantías ya fueron ejecutadas, ya que la anulación de las sentencias de la Audiencia y del Supremo es irreversible, se puso en libertad a los condenados y se suprimieron las inhabilitaciones.
Queda pendiente pues que Sevilla dicte unas nuevas sentencias conforme a los criterios fijados por el TC para imponer nuevas condenas. EFE
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