El teletrabajo en el poder, la polémica herencia de la pandemia en Perú

Lima, 12 mar (EFE).- Cinco años después del inicio de la pandemia, la vida en los poderes del Estado en Perú no ha vuelto al punto de partida. El teletrabajo se ha instalado en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, donde las autoridades compaginan sus actividades en remoto con las presenciales, mientras existen voces que consideran que se desnaturaliza su función.

Un legislador conectado al pleno desde la playa, un ministro hablando ante escaños vacíos y voces que gritan sus votos en la cámara como si fuera un mercado, son ya la estampa habitual en un Congreso con una desaprobación superior al 90 %.

La presidenta, Dina Boluarte, también se ha sumado a esta práctica y, para poder viajar al exterior, trabaja remotamente a bordo de un avión, sin confirmar que tiene acceso a internet, mientras las audiencias judiciales se celebran de manera virtual e incluso a una jueza se le enciende la cámara mientras dirige un juicio desde un taxi.

El gobierno telemático

El Congreso peruano autorizó en junio de 2023 a Boluarte para que también pueda cumplir sus funciones de manera virtual, luego de que esta argumentó que necesitaba hacer viajes al extranjero, pero estaba impedida por no tener vicepresidentes.

La medida generó tal polémica que incluso legisladores opositores intentaron impulsar, sin éxito, mociones para que sea destituida por abandono de cargo, lo que llevó a que la norma sea revisada por el Tribunal Constitucional (TC).

Finalmente, en mayo de 2024, el TC declaró que la ley era constitucional, ya que mantenía la obligación de que los viajes deben ser autorizados por el Congreso y porque el desarrollo de las tecnologías permite garantizar la seguridad informática.

Un caso notorio se presentó en junio pasado, cuando Boluarte lideró desde China, donde realizaba una visita oficial, una reunión virtual en la que recibió los reportes de la situación en la región sureña de Arequipa, que sufrió un sismo de magnitud 7.

“Estamos pendientes de lo que está sucediendo en nuestra querida patria y estamos resolviendo las necesidades que se presenten”, añadió en ese momento la mandataria.

Un parlamento de escaños vacíos

La virtualidad también llegó al Congreso durante la pandemia, aunque la decisión de permitir la participación telemática en las comisiones y el pleno se mantuvo a lo largo de los años, sin que se retomen por completo las actividades presenciales.

“Se ha perdido un poco la esencia de lo que es el trabajo congresal de la presencialidad, la riqueza de los debates, las coordinaciones de los temas de carácter técnico en los debates del pleno y en las comisiones, o la asistencia también de otros altos funcionarios del Estado peruano”, comentó a EFE el ex oficial mayor del Congreso José Cevasco.

Puesto que la virtualidad parece destinada a permanecer, Cevasco opinó que es necesario “establecer algunas normativas para que sea más transparente” y que las votaciones “que se realizan de forma virtual sean muchos más perceptibles”.

Más allá de ello, consideró que hay temas que deben contar con una presencialidad total en el Congreso, como las reformas constitucionales, la ley de presupuestos, el control al Gobierno o los juicios políticos.

De ese modo, se evitarían escenas como aquellas en las que “el público prende su televisión y ve los escaños vacíos”, lo que Cevasco consideró que genera “un sentimiento negativo” en la población.

La virtualidad en los tribunales

Esta práctica también se instaló en el Poder Judicial, que con el fin de la emergencia ordenó el regreso de sus trabajadores y jueces, pero autorizó que sigan las audiencias virtuales, aunque dirigidas por los magistrados desde sus despachos.

Si bien hay expertos que consideran que se puede afectar garantías constitucionales de los procesos, otros remarcan que con la virtualidad se han celebrado y acelerado procesos hasta en las zonas más remotas del país.

Al respecto, existe un debate sobre el posible impacto de la virtualidad en aspectos como las declaraciones de testigos, el riesgo de manipulación en casos de tenencia o la eventual restricción del acceso público a las audiencias, que son transmitidas sobre todo cuando se trata de casos emblemáticos, según comentó a EFE el abogado Rubén Gonzales Ormachea.

El integrante del Grupo de investigación de Derecho Procesal Crítico y Constitución (Gideproc-PUCP) remarcó, sin embargo, que los magistrados tienen la potestad de convocar a audiencias presenciales y que el Poder Judicial ha publicado procedimientos sobre las audiencias virtuales que son de obligatoria aplicación por los jueces.

Gonzales Ormachea recordó, sin embargo, que en su país existen límites en la conectividad por internet, sobre todo en zonas rurales, y alertó que “el hecho de que una persona no pueda conectarse limita su acceso a la justicia y también perturba el tiempo del proceso”.

David Blanco y Gonzalo D. Loeda