El TJUE aplaza al día 19 el dictamen preliminar sobre la multa de 4.000 millones a Google

Imagen de archivo del juicio de cinco días a Google ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la multa de 4.300 millones de euros que la Comisión Europea (CE) impuso a la tecnológica en 2018, acusándola de prácticas ilegales en los dispositivos Android para potenciar la posición dominante del buscador. EFE/Jorge Ocaña.

Bruselas, 12 jun (EFECOM).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) aplazó al próximo 19 de junio la lectura de las conclusiones preliminares sobre el caso que enfrenta a la Comisión Europea con Google por la multa, de más de 4.000 millones de euros, de abuso de posición dominante.

Las conclusiones de la abogada general Juliane Kokott, que no son vinculantes de cara a la futura sentencia que emitirán los jueces, estaban previstas para este jueves, 12 de junio, pero han sido aplazadas y ahora constan en la agenda del tribunal para el próximo jueves, 19 de junio.

El tribunal con sede en Luxemburgo debe decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la firma tecnológica contra la multa que Bruselas le impuso en 2018 por abuso de posición dominante a través de Android, que superó los 4.000 millones de euros y es la más alta de la Unión Europea (UE) por un caso de competencia.

El caso supera ya los diez años porque Bruselas abrió la investigación correspondiente en abril de 2015 y el núcleo del mismo reside en los llamados «acuerdos de distribución» entre la tecnológica estadounidense y fabricantes de dispositivos móviles, en virtud de los cuales los segundos debían preinstalar Google Search y Chrome para obtener una licencia de explotación de la tienda de aplicaciones Play Store.

Estas cláusulas tienen una relación estrecha con otros acuerdos «contra la fragmentación» que Google también incluía en los contratos y que condicionaban las licencias de Google Search y Play Store a que los fabricantes se abstuvieran de vender teléfonos equipados con versiones alternativas no autorizadas de Android.

El tercer elemento dentro del caso son los «acuerdos de reparto de ingresos», según los cuales los fabricantes renunciaban a preinstalar en sus dispositivos motores de búsqueda de la competencia a cambio de la retrocesión de una parte de los ingresos publicitarios de Google.

La Comisión Europea concluyó en el verano de 2018 que estos acuerdos son «abusivos» y, por tanto, ilegales, puesto que restringían la competencia dentro del mercado único y mermaban e incluso eliminaban la capacidad de otras empresas de competir contra Google.

Así lo defendieron los servicios jurídicos de la institución en la vista celebrada en enero de este mismo año, en la que contó con el apoyo de la asociación europea de consumidores (BEUC), las asociaciones alemanas de editores de periódicos y revistas BDVZ y VDZ, la organización Fair Search y los motores de búsqueda francés, Qwant, y checo, Seznam.

Por el contrario, Google negó en dicha audiencia que su modelo de negocio restringiese la competencia en el mercado de servicios de búsqueda y subrayó que, al contrario, benefició a fabricantes de dispositivos móviles a los que ofreció «más libertad y oportunidades».

La tecnológica se vio arropada por varias entidades que en teoría saldrían perjudicadas por su modelo de negocio, como los fabricantes finlandés HMD y alemán Gigaset y el navegador de origen noruego Opera, además de por la Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones (CCIA, en inglés).