Madrid, 22 sep (EFE).- El Tratado sobre Biodiversidad Biológica Marina en áreas fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ por sus siglas en inglés) o Tratado de Alta Mar entrará en vigor el 17 de enero de 2026, una vez alcanzada la ratificación mínima exigida de 60 países para poder asumirlo como ley internacional.
La ratificación de cuatro países más durante los últimos días -Marruecos, Sierra Leona, San Vicente y Granadinas y Sri Lanka- da vía libre a un acuerdo que ha costado cinco años de intensas negociaciones y que en los últimos meses ha conseguido recabar el apoyo suficiente para su materialización.
España es uno de los países europeos que más ha defendido este acuerdo y de hecho fue el primero de la UE en ratificarlo a primeros de febrero de este mismo año en la sede de la ONU en Nueva York, donde este mismo lunes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, participa en el acto de adhesión del país a la Coalición Pioneros por los Océanos, el grupo de países que apoya la moratoria de explotación de los fondos marinos.
Para qué sirve
El BBNJ busca gestionar de manera sostenible la presencia humana en aguas internacionales, las que están oficialmente fuera de la jurisdicción de cada Estado, que suponen aproximadamente dos tercios de la superficie oceánica.
Proteger la biodiversidad, reducir todo lo posible el impacto medioambiental, impulsar la cooperación internacional en tecnologías marinas y trabajar en favor del llamado «objetivo 30×30» -la protección del 30 % de los mares para 2030- son las metas principales de esta ambiciosa normativa que pretende garantizar la buena salud del mayor ecosistema del planeta.
Aplicar el acuerdo con mayor eficacia requerirá la firma del mayor número de países posible, según reclamaba la directora de la organización High Seas Alliance (Alianza de Alta Mar), Rebecca Hubbard, quien ha pedido «una ratificación universal» en la que participen desde pequeños estados insulares hasta las principales naciones marítimas.
La ratificación requiere poner en marcha la creación de áreas protegidas que, de acuerdo con los datos de las organizaciones ecologistas, en la actualidad no superan el 1 % a nivel mundial, aunque algunos países han trabajado en su creación a nivel nacional desde hace años.
En el caso de España, el 21 % del territorio marítimo ya está protegido bajo las figuras de Áreas Marinas Protegidas o como espacios de la Red Natura 2000 y este mismo año el Gobierno anunció la tramitación de cinco zonas más que elevarán la protección a más del 25 %.
Reacciones
Entre las reacciones positivas al anuncio de ratificación figura la de Oceana, cuya vicepresidenta adjunta en Europa, Vera Coelho, ha celebrado este acuerdo internacional «sin precedentes» y ha instado a la UE a liderar la protección del ecosistema marino integrando el objetivo 30×30 en una futura Ley del Océano.
Coelho ha advertido de que «las palabras y las firmas sobre el papel no son suficientes» y ha reclamado a la UE que se convierta en «el líder mundial que proclama ser» y tome «medidas reales» para esta protección, como por ejemplo la prohibición de la pesca de arrastre en áreas protegidas.
Precisamente otra de las felicitaciones ha sido la de Pesca España, la Asociación de Organizaciones de Productores Pesqueros de ámbito nacional, que ha defendido su compromiso con la protección del ecosistema marino, así como con la sostenibilidad pesquera y la seguridad alimentaria.
Tras destacar el papel esencial de mares y océanos «como reguladores del clima, fuentes de alimento y empleo y motores de la economía global» ha defendido una gestión sostenible que requiere «reducir las emisiones de los buques, controlar la contaminación y asegurar buenas prácticas en toda la cadena marítima».
