Madrid, 28 mar (EFE).- El Tribunal de Cuentas ha planteado en su informe de fiscalización de las generales de 2023 reducir la subvención electoral a 6 de los 16 partidos políticos al detectar, en conjunto, irregularidades y deficiencias por más de 200.000 euros, mientras que ha constatado medio millón de euros en gastos que no están correctamente justificados ni tienen naturaleza electoral.
El pleno de este órgano ha aprobado el informe de fiscalización de las pasadas elecciones generales en las que analiza las contabilidades presentadas por las 16 formaciones políticas con representación en el Congreso y Senado.
El Tribunal de Cuentas propone, en concreto, reducir subvenciones a seis formaciones, en especial a Junts (178.508 euros), y en cantidades menores a Unión del Pueblo Navarro (11.261 euros), Sumar (7.418 euros), PSOE (7.139), Vox (3.915) y el Partido de los Socialistas de Cataluña (54,85).
Según consta en el informe, los partidos declararon ingresos para financiar la campaña electoral por un importe de 57 millones.
Atendiendo a su naturaleza, 35,7 millones de euros procedían del endeudamiento bancario, 13,92 de los adelantos de subvenciones, 6,98 euros de aportaciones realizadas por los partidos y apenas 247.382 euros de aportaciones privadas, señala el Tribunal.
En el caso de Junts, el informe señala que hizo pagos a proveedores fuera del plazo legal por importe de casi 1,8 millones de euros y considera que por esa razón debería reducirse su subvención electoral en un 10 por ciento de esa cantidad: 178.508,41 euros, en concreto.
Los pagos a proveedores fuera de plazo es la razón por la que el Tribunal propone recortar las subvenciones a UPN, Sumar y PSC.
En el caso del PSOE el informe señala que incurrió en gastos no autorizados por la normativa vigente por unos 3.500 euros, en la contratación de ‘spots’ en emisoras de televisión privadas.
Respecto a Vox, el Tribunal indica que ingresó aportaciones de personas físicas extranjeras “no permitidas” por la ley electoral por importe de 707 euros e hizo pagos a proveedores fuera de plazo.
Gastos no justificados
El Tribunal de Cuentas no ha aceptado gastos declarados por los partidos políticos por un importe de casi medio millón de euros (492.851 euros), al considerar que no están “correctamente justificados o no tienen naturaleza electoral”.
En numerosos casos, pero sin concretar los partidos, en las facturas justificativas de los gastos electorales el tribunal aprecia “la existencia de deficiencias de información relativas a una completa definición del servicio prestado, a los precios unitarios para cada uno de los conceptos de gasto y a la justificación de las fechas en que se llevaron a cabo los servicios contratados”.
Propaganda electoral
El Tribunal de Cuentas sí considera justificados gastos electorales por un valor de 58 millones de euros, de los que 33 millones de euros corresponden a operaciones electorales ordinarias y 25 millones a operaciones de envío de propaganda electoral (‘mailing’).
Entre los gastos electorales por operaciones ordinarias figuran los 6,4 millones de euros destinados a publicidad exterior o los 5,6 millones destinados a publicidad en prensa y radio.
Plantea en su informe recomendaciones al Gobierno respecto a evaluar “la necesidad de adecuar los límites de gastos en publicidad exterior y de publicidad en prensa y radio de titularidad privada” a los nuevos soportes digitales “precisándose la naturaleza de los gastos a tener en cuenta a efectos de su consideración al verificar las respectivas limitaciones legales”.
La fiscalización del Tribunal de Cuentas constata que ningún partido político ha excedido el límite máximo de gastos electorales previstos, ni tampoco los límites de gastos de publicidad exterior ni de publicidad en prensa y radio.
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