Madrid, 24 jun (EFE).- La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha advertido hoy de la «atípica» estructura de gestión del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación, y ha anunciado además la apertura de un expediente para depurar posibles responsabilidades contables.
Chicano ha presentado hoy ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas (Congreso-Senado) el informe de fiscalización del Consorcio Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación» (BSC-CNS) correspondiente a los ejercicios comprendidos entre 2015 y 2022.
Durante su intervención inicial, la presidenta del Tribunal de Cuentas ha urgido al consorcio a adoptar medidas que aseguren «su autonomía y buen gobierno» y para ello ha incidido en la importancia de revertir su actual dependencia de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Los portavoces de PP y de Vox han advertido durante sus intervenciones de las «múltiples y graves» irregularidades que recoge el informe del Tribunal de Cuentas y han lamentado además que la presidenta del Tribunal se haya limitado en su intervención inicial a apuntar algunas deficiencias y recomendaciones sin referirse a las más graves irregularidades que están señaladas en esa fiscalización.
Y se han referido además al procedimiento iniciado por la Fiscalía Europea, que está investigando si ha habido malversación en la puesta en marcha del primer ordenador cuántico de España, que se ha financiado en su fase inicial con más de ocho millones de euros procedentes de fondos europeos.
Durante su turno de respuesta a los grupos, Enriqueta Chicano ha informado de que a la vista de las conclusiones del informe de fiscalización, y además de las deficiencias y de las recomendaciones que se hacen, el Tribunal de Cuentas quiere depurar posibles responsabilidades contables con una demanda de su Fiscalía para analizar algunos de los hechos concretos que se recogen en el informe.
La presidenta del Tribunal de Cuentas ha eludido sin embargo hacer ningún comentario sobre la actuación de la Fiscalía Europea.
La presidenta del Tribunal de Cuentas ha precisado, tal y como recoge el informe de fiscalización, que el 83 por ciento del personal del BSC-CNS se dedica a la investigación y a la prestación de servicios tecnológicos, a pesar de que la normativa que lo regula establece que su función principal debe ser la gestión de infraestructuras, y aunque ha señalado que su estructura de gestión es «atípica» ha apuntado que la evolución del centro está resultando «exitosa».
La participación de la Universitat Politécnica de Catalunya se sustancia «en especie» -principalmente espacios y profesorado-, ha observado la presidenta del Tribunal, y ha asegurado que eso genera una pérdida de independencia y de autonomía institucional, ya que de hecho el consorcio aparece configurado como una entidad vinculada a la universidad, lo que resulta «incompatible» con su naturaleza de entidad pública estatal.
Un control «muy limitado»
Chicano ha asegurado que el control efectivo del Consejo Rector del Consorcio -del que forman parte, además de la Universitat, la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña- «es limitado» y se circunscribe al director del centro y al personal del equipo directivo.
La presidenta del Tribunal ha asegurado que la gestión de los ingresos, del gasto de personal, las contrataciones o las transacciones «han sido las adecuadas», pero ha apuntado algunas «deficiencias» que deberían ser atendidas y mejoradas.
Entre las deficiencias que se han detectado ha citado la inexistencia de un inventario de bienes, errores en la gestión contable, una falta de respuesta a las aportaciones «en especie» que hace la universidad y algunas deficiencias en las cuentas de tesorería y procedimientos de gestión.
«Una facturación numerosa»
Los estudios financieros correspondientes en concreto a los ejercicios de 2018 y 2021 arrojan en general «una opinión favorable», pero la presidenta ha señalado también algunas salvedades, como no disponer de una relación de puestos de trabajo o que la adscripción del personal de trabajo universitario no se adecua a la normativa del sector público, o que la prestación gratuita de servicios que tiene que aportar la Universidad haya derivado «en una facturación numerosa».
Chicano ha apuntado que el consorcio carece de herramientas formales de planificación de su actividad, aunque ha valorado que presenta un crecimiento sostenido de facturación, ingresos y costes asociados, lo que evidencia -ha dicho- una elevada capacidad para captar financiación externa.
Entre las recomendaciones que incluye el informe de fiscalización, ha destacado la necesidad de modificar los estatutos para acomodar los fines del consorcio a la realidad de sus actividades y la importancia de clarificar cuáles son las aportaciones que hace la Universitat Politécnica de Cataluña, así como asegurar autonomía, y para ellos revertir la actual dependencia de la universidad.
