Christian Afonso
Las Palmas de Gran Canaria, 13 mar (EFE).- A las 10:15 horas, hora local, se confirmaba la noticia de que un juez, a petición de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), paralizaba el desahucio previsto para este jueves de ocho familias vulnerables en el edificio ‘Victoria’ de la calle Nicolás Estévanez, Las Palmas de Gran Canaria.
El anuncio ha provocado el aplauso generalizado de las familias afectadas y de una treintena de ciudadanos de distintos colectivos que habían acudido hasta el edificio para intentar paralizar el desahucio, mientras coreaban lemas como “La vivienda es un derecho” y “Solo el pueblo salva al pueblo”.
Siete de las ocho familias, todas ellas vulnerables por tener personas enfermas, mayores o menores de 12 años a su cargo, aguardaban en medio de la incertidumbre a conocer si finalmente, tal y como había solicitado la Sareb, el Juzgado paraba su desahucio.
Solo una de ellas, la familia de Ingrid Colmenares, tenía asegurado que hoy no serían desahuciados, después de aceptar el juzgado el informe de vulnerabilidad que realizó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al tener una hija menor de 12 años a su cargo y no contar con una nómina.
En declaraciones a los periodistas, Colmenares ha explicado que tanto ella como su pareja trabajan “en negro”: ella cuidando a una persona mayor y limpiando pisos turísticos y él como lavaplatos en dos restaurantes, así que están dispuestos a pagar un alquiler “para vivir tranquilos y no estar con este temor cada tres o cuatro meses”.
Ingrid vive en Canarias desde hace seis años, cuando llegó en busca de una vida mejor desde su Venezuela natal, en este edificio ‘Victoria’, pagando religiosamente sus recibos de alquiler, y ha dicho estar muy agradecida a Canarias: “Porque me abrió las puertas desde un principio (…), porque siempre me han tratado como uno de ustedes pese a ser extranjera”, ha subrayado.
Un bebé de tres meses y una ilusión por el futuro
No ha tenido esa misma sensación Banina Mbirkate, quien ha admitido en declaraciones a EFE que lleva buscando una alternativa sin éxito desde noviembre de 2023, cuando recibieron la notificación judicial de que la inmobiliaria a la que había estado abonando el alquiler desde 2020 ya no lo iba a recibir, pero que siempre que la ven en persona, le ponen pegas para la renta.
La joven, que tiene un bebé de tres meses a su cargo, estaba en estado avanzado de gestación -en un embarazo de alto riesgo- el pasado 3 de octubre de 2024, cuando se intentó llevar a cabo el primer desahucio, paralizado por la presión social, y tiene claro que ella quiere irse del ‘Victoria’ porque no soporta “vivir con esta incertidumbre”.
Ahora tiene la ilusión de poder estudiar Administración para encontrar un trabajo mejor.
Otro de sus vecinos, Ahamed Salem, ha asegurado que no quiere “vivir en Canarias gratis”, sino pagar un alquiler, como ha hecho hasta ahora.
En declaraciones a EFE, Salem ha contado que lleva viviendo en la isla desde 2019 junto a su hija de apenas cinco años y su mujer, siempre al corriente de sus recibos -su renta es de 400 euros al mes por el piso-, y ha remarcado que el pagaría a la Sareb si esta le pidiera que pagara.
Lo que no quiere es que su hija deje de estudiar en la isla, porque le quiere dar una mejor educación que la que recibieron su madre y él mismo, quien lamenta no poder encontrar trabajo en estos momentos, por lo que viaja al Sáhara una temporada del año para poder ahorrar y regresar con dinero a Gran Canaria.
Todas estas familias esperan ahora por la promesa de la Sareb de que analizará cada uno de los casos para intentar encontrarles una alternativa habitacional, y desde la plataforma y su equipo jurídico, intentarán que puedan quedarse en estas viviendas.
