Madrid, 7 may (EFE).- El juez del Tribunal Supremo Javier Hernández ha iniciado los trámites para pedir autorización al Parlamento Europeo para proceder contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, Alvise Pérez, aunque le ha ofrecido al mismo tiempo que declare voluntariamente por difundir una prueba falsa de covid de Salvador Illa.
El magistrado ha decidido incoar diligencias previas para la investigación de delitos de falsedad e injurias en la causa que el Tribunal Supremo acordó abrir contra Alvise Pérez por la difusión de una prueba de covid falsa del actual presidente catalán y exministro de Sanidad, Salvador Illa, en 2021.
Es una de las tres que el eurodiputado tiene abiertas en el alto tribunal: en otra se investiga la presunta entrega de 100.000 euros por parte de un empresario para su formación política, Se Acabó la Fiesta, en las pasadas elecciones europeas, y en una tercera los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.
Pero para proceder a la “material inculpación” de Alvise Pérez, dice el magistrado Hernández, es necesario pedir al Parlamento Europeo la correspondiente autorización, al ser éste eurodiputado, y por ello el juez ya ha iniciado los trámites para reclamarla.
Lo hace en un auto, conocido este miércoles, en el que, no obstante, le da al mismo tiempo la oportunidad de que comparezca voluntariamente ante el alto tribunal en garantía de sus derechos de defensa, tal y como contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El juez da a Alvise Pérez cinco días para que decida si está dispuesto a comparecer ante el Tribunal Supremo, antes de que la Eurocámara pueda conceder la autorización, y, a la vista de lo que conteste, se acordará lo que corresponda.
El PSC solicitó personarse en esta causa, si bien el juez indica que su presencia en la investigación queda supeditada a que formule querella por el presunto delito de falsedad y presente una fianza de 15.000 euros.
Su personación, explica el magistrado, sólo puede ser en calidad de acusación popular y respecto a este delito, dado que no tiene legitimidad para acusar por el delito de injurias, según la ley.
Además, acuerda que se de traslado de las actuaciones hasta ahora practicadas al querellado y da cinco días a las partes personadas para que pidan las diligencias de investigación que consideran que se deben ordenar.
Al abrir esta causa contra Alvise, el Supremo consideró que “son múltiples los indicios fundados” que aporta la exposición razonada del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, en apoyo de la imputación; y señala que basta para su exclusiva constatación los enumerados por el fiscal en su informe.
Citaba, entre otros, la falsedad del informe médico relativo a Illa publicado en la cuenta de Alvise en Twitter (ahora X), acreditada mediante certificado remitido por el Hospital Quirón Salud Barcelona.
