Barcelona, 10 sep (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado varios artículos del decreto de régimen lingüístico de la Generalitat que blinda el catalán como lengua vehicular de las escuelas.
La sentencia dictada sobre este decreto de 2024, que ya estaba suspendido cautelarmente por la justicia, estima parcialmente un recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), según ha informado este miércoles esta entidad.
El fallo, que puede ser recurrido por la Generalitat, anula una decena de artículos, entre ellos las disposiciones que fijaban el catalán como lengua vehicular y de aprendizaje, así como de idioma habitual en la actividad docente y administrativa.
También otros artículos relativos al uso de lenguas en comunicaciones con familias o materiales didácticos, así como el uso del catalán como lengua de acogida del alumnado recién llegado del extranjero.
En la sentencia el tribunal sostiene que los artículos anulados «no establecen una presencia razonable del castellano en la enseñanza».
Según los magistrados, «determinan una situación de desequilibrio a favor de la lengua catalana, sin que las ínfimas y genéricas previsiones contenidas relativas a la lengua castellana, en el sentido de acreditar su conocimiento en la enseñanza, permitan considerar que se respete la garantía de una enseñanza equilibrada del castellano de tal forma que el alumnado pueda alcanzar el dominio oral y escrito del catalán y el castellano al final de la enseñanza obligatoria».
En un comunicado, la AEB ha señalado que «la resolución judicial constituye un mazazo al intento de la Generalitat de excluir al castellano como lengua vehicular».
La entidad ha pedido a la Generalitat que garantice «una presencia real y efectiva del castellano como lengua vehicular».
El decreto afectado fue aprobado en mayo de 2024 por la Generalitat y suspendido cautelarmente por el TSJC pocos meses después, en julio del mismo año.
La norma establece el régimen lingüístico del sistema educativo no universitario mediante la regulación del uso y la enseñanza de las lenguas, del desarrollo del proyecto lingüístico de los centros educativos y la regulación del conocimiento y la utilización de las lenguas por parte del personal docente y no docente.
El decreto surgió tras la constatación de que ha habido un retroceso en los usos lingüísticos del catalán durante los últimos años, tanto en el ámbito educativo como social en general.
