Madrid, 2 sep (EFE).- La ola de incendios forestales de este verano deja no sólo víctimas mortales y graves daños ambientales: comienzan a llegar a los juzgados denuncias contra la gestión de los bosques en distintas Comunidades Autónomas, como las conocidas este martes en Castilla y León y en La Rioja.
Podemos de Castilla y León ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra la gestión del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en los recientes incendios, ha informado el coordinador de la formación en esta comunidad. Miguel Ángel Llamas.
La denuncia obedece, ha detallado, «al retraso criminal en el Plan INFOCAL (Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León), la privatización fraudulenta, la vulneración sistemática de derechos laborales y la inacción sobre la calidad del aire».
Según datos ofrecidos por Mañueco el día 29 en su comparecencia ante las Cortes, en Castilla y León se registraron 348 incendios en apenas 23 días; los grandes fuegos, los de más de 500 hectáreas, han afectado a más de 140.000 hectáreas.
Ya la semana pasada el sindicato CCOO anunció una denuncia a la Junta de Castilla y León por un delito contra la salud de las personas que trabajan en el Operativo de Incendios Forestales.
«Seguramente nos iremos a Fiscalía, como mínimo, si no planteamos otras opciones jurídicas peores como sería alguna querella criminal, pero por lo menos iremos a Fiscalía porque la Junta está incumpliendo sus obligaciones legales», afirmó el responsable del área de Medio Ambiente de su sindicato, José Ramón Jiménez.
Aunque sin relación directa con los fuegos, pero sí con la gestión de los bosques, el agente forestal Rafael Tapia ha denunciado ante la Fiscalía a la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de La Rioja por autorizar unas talas de hayas secas en Munilla, que es el hábitat natural de la especie protegida Rosalia alpina, y ha presentado una segunda denuncia judicial tras sufrir «represalias».
Tapia ha ofrecido una rueda de prensa para detallar las actuaciones judiciales que ha emprendido tras considerarse «un denunciante protegido por la ley 2/23, en relación a personas que informan sobre las infracciones normativas y de lucha contra la corrupción».
Ha explicado que la Dirección General de Medio Natural autorizó en un hayedo de la localidad de Munilla, en un espacio protegido por la Red Natura 2000, talas de árboles secos, donde habitan los insectos Rosalia alpina, pero también otros animales, como búhos y murciélagos.
Este aprovechamiento forestal supone un «incumplimiento» de la normativa existente para espacios protegidos, ha recalcado, por lo que el año pasado realizó una denuncia interna en el canal del Gobierno riojano y, ante la falta de respuesta por la administración regional, informó a la Fiscalía, que abrió diligencias previas y el asunto es investigado por un juzgado riojano.
Ha asegurado que dejar hayas secas en el bosque no incrementa el riesgo de incendios forestales, pero son un espacio «vital» para el mantener la biodiversidad de la zona.
«A raíz de las denuncias, he sufrido represalias, amenazas, acoso, coacciones y calumnias», ha subrayado este agente forestal, quien ha dicho que no le han pagado los pluses que le corresponden tras un ascenso laboral paralizado dos años y que le han trasladado de Calahorra a Arnedo.
Por ello, en julio pasado puso estos hechos de nuevo en conocimiento del Juzgado, por presunta comisión de los delitos de «prevaricación» y las «represalias» sufridas.
