Madrid, 15 jun (EFE).- El empleo y las pensiones de los trabajadores transfronterizos o el IVA de Gibraltar son algunas de las cuestiones económicas pendientes del desarrollo del acuerdo alcanzado esta semana entre la Comisión Europea, el Reino Unido y España para definir el estatus del Peñón tras el Brexit.
Este pacto garantiza la libre circulación de personas y mercancías entre Gibraltar y la Unión Europea, lo que abre una nueva etapa para la zona, cuyo impacto económico dependerá de cómo se concrete el acuerdo político, según apuntan los sindicatos y economistas consultados.
Derechos laborales para trabajadores transfronterizos
Los sindicatos CCOO y UGT han valorado el acuerdo, aún por desarrollar, porque garantiza derechos laborales sólidos para las más de 15.000 personas que cruzan diariamente la Verja para trabajar en Gibraltar.
«Es fundamental que el acuerdo contemple medidas concretas para proteger los derechos de los trabajadores transfronterizos y mejore sus condiciones de empleo y Seguridad Social», añaden en un comunicado conjunto.
Ambos confían en que el desarrollo del acuerdo tenga un impacto positivo en el mercado laboral andaluz, especialmente en el Campo de Gibraltar, garantizando «condiciones laborales dignas» y fortaleciendo «las estructuras de diálogo y participación sindical».
El portavoz de la Asociación Sociocultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Asteg), Juan José Uceda, valoraba en declaraciones a EFE que, tras casi cinco años de negociaciones, se haya llegado a un acuerdo sobre el encaje de la colonia británica en la UE.
Uceda consideraba que el acuerdo servirá para recoger «la necesidad urgente de hacer equiparaciones», que eviten por ejemplo que los trabajadores españoles tengan «doble imposición de impuestos» por sus salarios.
«Se pagan los impuestos de Gibraltar y se pagan después en España también», lamentaba Uceda como uno de los problemas a solucionar, al que se suma también el hecho de que los jubilados españoles que han trabajado en Gibraltar «toda su vida» no tengan los mismos derechos que los pensionistas gibraltareños.
Convergencia en el IVA
La eliminación de las barreras a la circulación de mercancías, que supondrá la creación de una unión aduanera entre la Unión Europea y Gibraltar, va acompañada de un acuerdo en materia tributaria para evitar «distorsiones» derivadas de la baja fiscalidad de Gibraltar, considerada por España una jurisdicción no cooperativa o paraíso fiscal.
Fuentes comunitarias detallaron este jueves que esta convergencia pasará por una subida del impuesto sobre transacciones gibraltareño del 3 % actual al 15 % -que es el tipo mínimo de IVA que pueden aplicar los países miembros de la Unión Europea- desde el primer día de aplicación del acuerdo.
Esto no supone que Gibraltar se adhiera al sistema europeo del IVA y solo tendrá que aplicar este tipo sobre las transacciones de bienes, pero no de los servicios.
El acuerdo prevé que un grupo de expertos independiente analice a lo largo de tres años si este nuevo tipo provoca distorsiones en el mercado y, si se produjeran, el tipo tendría que volver a subir hasta el 17 %, que es el IVA que aplica el Estado miembro con el menor tipo en este gravamen de la UE.
Asimismo, menciona específicamente a la fiscalidad tabaco, pero no a la de otros productos que también disfrutan de una imposición más baja que en España, como los hidrocarburos o el alcohol.
Por lo que respecta a la imposición directa -renta e impuesto de sociedades, que también es más baja en Gibraltar que en España-, el acuerdo suscrito esta semana no la menciona, pero ya fue regulada mediante otro acuerdo, firmado en 2019 y en vigor desde 2021, por el que se aclaraban las condiciones de residencia fiscal para personas y empresas con el objetivo de evitar el fraude.
El vicepresidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Ignacio Arráez, descarta que esta falta de armonización vaya a tener un gran impacto, ya que ambos regímenes conviven desde hace años y la legislación española cuenta con las suficientes cautelas para impedir que la interposición de sociedades con sede en Gibraltar genere situaciones de desigualdad.
