Quito, 3 jun (EFE).- Furukawa, la empresa agrícola de capitales japoneses condenada a pagar más de 41 millones de dólares a 342 denunciantes por esclavitud moderna en Ecuador, presentó ante la Corte Constitucional un plan de pagos, que se basa en principios de «cumplimiento progresivo, proporcionalidad y sostenibilidad».
Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, presentó el lunes lo que denominó una «propuesta de cumplimiento económico viable y sostenible de la sentencia» emitida en diciembre de 2024.
La sentencia establece un pago de más de 41 millones de dólares como reparación a los accionantes por eventos ocurridos antes de 2019.
«Furukawa ha manifestado su compromiso de acatar la decisión de la Corte Constitucional», insistió este martes la firma en un comunicado.
Recordó que para cumplir con este compromiso, ha solicitado en cuatro ocasiones a la Corte Constitucional el levantamiento de la prohibición de enajenar sus bienes, «lo cual es necesario para generar los recursos para el pago».
Ello porque el monto de la reparación excede significativamente el patrimonio total de la empresa, lo que afectaría su subsistencia, señaló al insistir en que ha presentado a la Corte un mecanismo «realista para cumplir con la reparación económica».
La propuesta incluye un pago inicial combinado (efectivo y tierras) y una fórmula financiera que permitiría ejecutar la totalidad de la reparación, contemplando mecanismos de garantía, señaló sin proporcionar más detalles.
Para ello, se utilizarían los activos de la empresa, tierras productivas, lo cual permitiría generar recursos de inmediato, indicó.
Subrayó que no solicita exoneración, sino la modulación jurídica y financiera que la misma Corte ha reconocido como procedente en escenarios de imposibilidad fáctica y jurídica debidamente comprobada.
Esta alternativa busca reparar a los accionantes, mantener los empleos existentes y evitar la liquidación forzosa de la empresa, acción esta última que afectaría aún más a todas las partes involucradas.
Furukawa reiteró su compromiso de cumplir con la sentencia y solicitó el apoyo de la Corte Constitucional para aplicar un mecanismo «que se ajuste a la realidad financiera de la empresa».
Furukawa, que cambió de accionistas en 2014, acumuló hasta 2024 pérdidas por 2,3 millones de dólares.
