Madrid, 5 jun (EFE).- Dos representantes de una empresa que hizo trabajos para la cátedra de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, han ratificado ante el juez Juan Carlos Peinado que hay dos proyectos, que la Universidad Complutense desconocía, que siguieron generando un gasto de 750 euros mensuales tras finalizar la cátedra en octubre de 2024, y que lo siguen haciendo.
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha tomado declaración este jueves como testigos a dos empleados de la empresa Devoteam -una consultora tecnológica- que en abril informaron a la Universidad Complutense de que seguían vigentes dos proyectos vinculados a la Cátedra de Transformación Social Competitiva, que codirigió Begoña Gómez y finalizó en octubre de 2024, y que estaban generando un coste mensual de 750 euros.
En concreto en el correo que enviaron a la Universidad pedían instrucciones sobre los proyectos denominados ucm-impactopymes-pro y ucmimpactopymes-dev—, y de los que la Complutense «no tenía conocimiento previo», según el informe remitido por esta institución al juzgado en mayo para informar de ese «hecho nuevo» en la investigación.
«Nos gustaría saber si el proyecto tiene que seguir en ejecución o si puede eliminarse, nos está generando un gasto extra», decía el correo enviado por responsables de Devoteam a la Complutense, que les llamó a una reunión para aclarar estos hechos, según los documentos que constan en el sumario.
Este jueves los dos trabajadores han explicado que ellos estaban contratados por Google para hacer unos trabajados relacionados con «la aplicación» de la cátedra Transformación Social Competitiva que codirigía Begoña Gómez, y que dieron por finalizados a finales de 2023, han informado fuentes jurídicas.
Un trabajador que no estaba en aquellos momentos en la empresa, y que este año revisó varios proyectos en marcha, se percató de que seguían activos esos dos proyectos, que generaban un gasto mensual, por lo que decidieron preguntar a la Complutense si podían «cortar» esos servicios.
Preguntaron a la universidad, y no a Google, porque el trabajo era para la institución educativa, pero la Complutense no les dio la aprobación para poner fin a esos dos proyectos, de modo que a día de hoy siguen generándoles ese gasto, han explicados los dos testigos, apuntan las fuentes.
Otras fuentes presentes en las declaraciones han explicado que -según estos trabajadores de Devoteam- Begoña Gómez participaba regularmente en reuniones de trabajo conjunto, y que había varias empresas que trabajaban en lo que han denominado «la aplicación» del máster Transformación Social Competitiva.
Según el informe elaborado por la Complutense para el juzgado, a la institución no le constaba trámite alguno con referencia a dichos proyectos sobre los que les informó Devoteam, ni registro de proceso de contratación asociado.
La revisión llevada a cabo por la Universidad localizó estos dos proyectos entre un listado de más de 9.800 en la nube, «seguramente creados en su mayoría por estudiantado o personal investigador de la universidad», y comunicó que no era posible acceder a dichos proyectos, de modo que desconocía su contenido.
La Universidad informó de que se habían dado actuaciones para investigar si en algún momento se había notificado o registrado el alta de dichos proyectos, «sin hallarse vestigio alguno al respecto, como tampoco se tuvo de los otros 9.800 proyectos antes citados».
La labor profesional de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, donde codirigió dicha cátedra, es una de las líneas de investigación del juez Juan Carlos Peinado, así como el nombramiento en 2018 de su asesora, Cristina Álvarez, entre otros.
El magistrado investiga a la mujer del presidente del Gobierno por diversos delitos, como presunto tráfico de influencias o corrupción en los negocios, y mantiene también imputados a su asesora, al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y al empresario Juan Carlos Barrabés.
