Madrid, 3 jul (EFE).- El juez Francisco de Jorge ha dejado en libertad a los dos jóvenes de 18 y 19 años detenidos el martes en Arinaga (Gran Canaria) por su presunta participación en el ‘hackeo’ de datos personales de ministros del Gobierno, dirigentes socialistas, excargos del PP e investigados en el caso Koldo.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión al no haber pedido la Fiscalía prisión y tras tomarles declaración esta mañana.
En cambio, les ha impuesto como medidas cautelares la prohibición de comunicarse entre ellos por cualquier medio, comparecencias quincenales ante el juzgado, la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte.
Según informan fuentes jurídicas, el juez considera que los hechos son constitutivos de un delito de terrorismo porque «la finalidad es desestabilizar las instituciones políticas y obligar a los cargos políticos a renunciar a su actividad política o al menos dificultarla».
Además, entiende que concurre que la desestabilización sea grave, pues «muchas de las personas afectadas, especialmente ministros y otras autoridades, junto con los periodistas tildados de colaboradores han experimentado una intensa campaña de acoso con amenazas, continuas llamadas telefónicas a cualquier hora e insultos.
«La difusión de matrículas y domicilios ha puesto en riesgo la seguridad de las víctimas, que además del acoso quedan expuestas a ataques contra sus personas», añade el juez, que advierte de que «otros actores podrían estar replicando o en vías de adquirir capacidades similares, lo que eleva exponencialmente el riesgo sistémico».
En su declaración, ambos han reconocido algunos aspectos de la investigación y han asegurado que los datos publicados (domicilio, número de DNI o correo electrónico de las personalidades afectadas) procedían de fuentes públicas.
Por contra han negado haber participado en ataques informáticos a las páginas de la Dirección General de Tráfico (DGT), Hacienda o al Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial o haber desarrollado una aplicación para comerciar con los datos ‘hackeados’.
Uno de ellos ha señalado además que un agente encubierto fue el que les descubrió, según precisan a EFE fuentes jurídicas.
De Jorge se hizo cargo de la investigación de estos hechos a raíz de que se produjera la primera filtración de datos el pasado 19 de junio en un canal de Telegram con 92.000 seguidores.
El principal arrestado sería responsable de la filtración de datos personales de altas personalidades del Estado y del Gobierno, según informó la Policía.
Éste, «valiéndose de la publicidad y trascendencia de estas publicaciones, habría vendido ilícitamente el acceso a bases de datos que contenían informaciones sensibles», mientras que el segundo arrestado se encargaba, presuntamente, de monetizar la venta.
Las presuntas actividades delictivas de los detenidos incluían el cobro mediante el uso de criptomonedas como medio que facilita el anonimato y dificulta el rastreo de los fondos por parte de los investigadores.
La Policía Nacional abrió una investigación tras conocer la primera publicación de datos que afectó a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; Igualdad, Ana Redondo; e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
En el mismo listado fueron publicados datos de exdirigentes del PP como Elvira Rodríguez, María Dolores de Cospedal, Rafael Catalá, Isabel García Tejerina y Ana Pastor.
En una segunda filtración la semana pasada se publicaron de nuevo datos personales de ministros; de la presidenta del Congreso, Francina Armengol; del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, de implicados en el caso Koldo, y también de periodistas.
Entre estos nuevos afectados figuraban el ex número tres del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama, los cuatro investigados en el Tribunal Supremo por el caso Koldo.
Los mismos perfiles digitales que publicaban los datos reivindicaban la posesión de los mismos y, además, alardeaban de su capacidad para venderlos, a la vez que lanzaban mensajes amenazantes sobre futuras publicaciones en la misma línea, «con el consiguiente peligro para la seguridad nacional», según la Policía.
