Guayaquil (Ecuador), 19 mar (EFE).- El movimiento Justa Libertad, un grupo de organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos en Ecuador, entregó este miércoles 168 cartas a la Corte Constitucional, en Quito, en las que mujeres que han interrumpido sus embarazos y acompañantes de todo el país piden al alto tribunal que despenalice el aborto.
“Hemos sumado las voces de mujeres y personas gestantes para que cuenten sus historias y le digan a la Corte cuáles son los impactos reales en sus vidas de la existencia de este delito”, explicó a EFE la abogada Ana Vera, vocera de Justa Libertad.
Hace exactamente un año, Justa Libertad interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal de garantías de Ecuador con el objetivo de que se elimine el artículo 149 del código penal ecuatoriano, que sanciona con entre seis meses y dos años de cárcel a la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo practique, y de entre uno a tres años de prisión a la persona que le ayude a abortar con su consentimiento.
En ese sentido, el movimiento busca que, por medio de estas cartas, la Corte “pueda poner en el centro de su debate la vida, las experiencias y las voces de estas mujeres, niñas, adolescentes, personas trans y no binarias, que son quienes tienen que poder decidir sobre su cuerpo y su vida, y a quiénes el delito de aborto les roba esta posibilidad y estos derechos”, aseguró la también coordinadora de litigio estratégico de la organización Surkuna.
Las 168 cartas, que estarán dentro de la demanda de inconstitucionalidad para que todos los jueces las puedan leer, representan a las 168 mujeres que abortan cada día en Ecuador de manera clandestina, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) citadas por las organizaciones.
“Son mujeres que están cansadas y tienen rabia de que se siga criminalizándolas por tomar la decisión de realizarse un aborto”, agregó Paola Alvarado, psicóloga clínica y parte de la Fundación Creando Juntas, que desde la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú, trabaja en la despenalización social del aborto.
En Ecuador, la interrupción del embarazo solo es legal cuando se practica para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer y, desde 2021, cuando la gestación fue producto de una violación. Sin embargo, en este último caso, las víctimas de violencia sexual solo pueden acceder al procedimiento hasta las 12 semanas.
Expectativa por la nueva conformación de la Corte
Ana Vera señaló que el movimiento tenía la esperanza de que la Corte tomara una decisión sobre este tema el año pasado, pero que ahora, con el reciente nombramiento de tres nuevos jueces y la designación de nuevas autoridades, esperan que no haya más retrasos.
“Estamos con bastante expectativa de esta nueva Corte y esperamos que los nuevos jueces tengan una postura de garantía de los derechos humanos y de las mujeres, en concreto sus derechos reproductivos, y que puedan apoyar la eliminación de este delito”, señaló.
La abogada agregó que miran con buenos ojos que el juez Jhoel Escudero haya sido designado como presidente, pues es el ponente de la causa de aborto, mientras que la nueva vicepresidenta, la jueza Karla Andrade, fue quien trató la demanda de despenalización por violación.
“La Corte tiene la posibilidad de priorizar las causas de acuerdo a determinadas circunstancias y esta de Justa Libertad cumple todas. Es una causa donde las afectadas son mujeres, niñas, adolescentes, embarazadas, y que puede transformar de forma estructural la discriminación existente en nuestro país. Además, pierde efecto útil con el transcurso del tiempo y tiene una prioridad nacional”, señaló.
Las voceras enfatizaron en que siguen existiendo múltiples trabas que impiden a las mujeres acceder a un aborto por las causales legales, lo que desencadena maternidades forzadas, embarazos de alto riesgo, muertes maternas y criminalización para quienes deciden hacerlo en la clandestinidad.
“En un país donde se denuncian quince violaciones diarias y seis niñas dan a luz al día tenemos 93 personas que han accedido al aborto por violación en dos años. El problema es el delito y el temor y el estigma que genera”, señaló Vera.
Además de la entrega de las cartas, las organizaciones locales que apoyan el pedido de despenalización se concentraron en varias ciudades del país para pedir a los jueces constitucionales que tomen una decisión sobre esta causa.
