Entregan más de 110.000 firmas para exigir mayor más seguridad en los centros de menores

Madrid, 18 mar (EFE).- Más de 110.000 personas han respaldado la petición de la educadora social Victoria Salina que este martes ha registrado en el Ministerio del Interior las firmas de apoyo a su propuesta de aumentar la seguridad y el personal en los centros de menores, tras el asesinato de una compañera en una vivienda de cumplimiento de medidas judiciales en Badajoz.

Salina puso en marcha hace una semana esta campaña en la plataforma ‘Change.org’. En ella, pide de forma urgente al Ministerio del Interior más personal de seguridad para educadores, trabajadores e integradores sociales “en aquellos dispositivos donde la conflictividad y el riesgo lo requieran”.

En declaraciones a los periodistas antes de entregar las 110.000 firmas recibidas, esta educadora social ha lamentado que, en los siete días que ha estado activa la campaña, “han seguido ocurriendo incidentes graves en los centros de menores y agresiones”.

“Entendemos que si sigue pasando es porque no se están poniendo los medios que necesitamos”, ha denunciado Salina, que subraya que lo único que quieren es “poder ir a trabajar seguros”.

La impulsora de esta campaña dejó su trabajo en un centro de menores tras temer por su vida en varias ocasiones e incluso sufrir un motín, y advierte de que estos profesionales se enfrentan a diario a situaciones de riesgo sin tener suficiente seguridad.

En su propuesta, pide que se cumpla la ley, que exige una ratio mínima de educadores por cada turno en cada centro de trabajo. “Queremos que se aseguren de que se cumplen, porque no se están cumpliendo a nivel nacional, no solo en Badajoz”.

“Lo principal es asegurar que podemos llevar a cabo nuestra labor con seguridad”, reclama.

Sobre el caso de Belén, denuncia que “es impensable” que estuviera sola en un turno que empezaba a las 20:00 horas de la tarde y que no contaba con los menores ya en sus habitaciones.

Ha lamentado que además de agresiones, los educadores sociales sufren “la pasividad de nuestras Administraciones Públicas” y confía en que el apoyo social recibido tras la tragedia sucedida en Badajoz ayude a mejorar las condiciones de trabajo de sus compañeros.