Bogotá, 12 mar (EFE).- La construcción de la paz de Colombia debe ser un propósito nacional que requiere tiempo y el compromiso de varios gobiernos, afirma el enviado especial de la Unión Europea (UE) para el proceso de paz del país, Adrianus Koetsenruitjer, quien reconoce que hay retrocesos en materia de seguridad.
“Hay que verlo como una política de mucho más largo plazo para el país y no tanto de gobierno a gobierno”, opina Koetsenruitjer en una entrevista con EFE en Bogotá al concluir una visita de nueve días al país que incluyó departamentos como Caquetá (sur) y Chocó (oeste), ambos golpeados por nuevos brotes del conflicto armado.
El diplomático, que en abril pasado reemplazó en el cargo a Eamon Gilmore, subraya que cualquier gobierno tiene que buscar su manera de enfrentar los retos de la paz y por eso “el gobierno actual lo mejor que puede hacer es continuar” con su propósito de la “paz total” aunque los resultados no sean los prometidos por el presidente Gustavo Petro, quien está en los 17 meses finales de su mandato.
“Creo que esa política de paz total en este país no es una cuestión de unos años, es cuestión de muchos años, con las FARC fue de muchos años. Es muy difícil realmente luchar con la ilegalidad”, añade el enviado especial, un profundo conocedor del país pues fue embajador de la UE en Colombia entre 2003 y 2007.
Koetsenruitjer señala que Colombia está en discusiones políticas porque va “a entrar en un periodo de elecciones (en el primer semestre de 2026) y cada uno va posicionarse según sus opciones y sus posibilidades de lograr un buen resultado”, pero para “un gobierno eso no puede ser una excusa para no hacer más nada más”.
“De todas formas, el próximo gobierno, cualquiera que sea la orientación que pueda tener, va a tener exactamente los mismos desafíos” y “puede tener una manera u otra de focalizarse sobre esos problemas, pero básicamente va a tener los mismos retos y desafíos para lograr la paz en este país”.
Positivo y negativo
En su visita, la segunda desde que asumió como enviado especial de la UE para los procesos de paz de Colombia, el diplomático pudo constatar sin embargo que, a pesar de los esfuerzos, la violencia ha aumentado en algunas regiones.
“Ahora parece que vamos retrocediendo hacia condiciones de inseguridad muy fuertes”, dice al explicar “la ocupación de territorios por los grupos que se quedaron” después del acuerdo de paz con las FARC, “cada vez más fragmentados también”, pero “que tienen gran parte del país bajo control social, económico y político”.
No obstante, también vio “cosas positivas”, como las negociaciones regionales en el departamento de Nariño (suroeste) con el grupo Comuneros del Sur, supuestamente escindido de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se opone a esos diálogos.
“Parece ser en este momento casi la única mesa (de diálogos) que está avanzando de una manera muy concreta”, afirma, pues los procesos con el ELN y con distintas facciones de las disidencias de las FARC están paralizados.
También destaca el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que recibe “críticas sobre el funcionamiento sobre todo de sus procedimientos que van un poco lentamente”, aunque precisa que “buscar la justicia, pero también la verdad y la reconciliación son procesos que toman tiempo”.
Entre lo positivo menciona también el trabajo de las organizaciones sociales en las regiones.
“Yo creo que en la base Colombia es un país muy fuerte (…) y también por mi experiencia del pasado tengo la confirmación de que hay fuerzas sociales comunitarias en las regiones que están luchando, pero que no pueden solucionar todo”, agrega.
En cambio, le preocupan departamentos como Chocó y Caquetá, donde “los grupos al margen de la ley están ganando cada vez más terreno en cuanto a territorio y también respecto de control social y económico de las regiones”.
“Y eso tiene como consecuencia que a la población la vida no se le facilita” y aunque se han reducido las masacres, y los homicidios son “sobre todo en las confrontaciones entre los diferentes grupos, el fenómeno de la extorsión, el fenómeno de reclutamiento de jóvenes es algo muy preocupante en ambas regiones”, agrega.
Por eso cree “que todavía hay desafortunadamente mucho por hacer para ir hacia una paz total o para la implementación correcta del acuerdo de 2016” y prueba de ello es “lo que pasó en enero de este año en el Catatumbo”, donde choques entre el ELN y una disidencia de las FARC dejaron al menos 70 muertos y más de 54.000 desplazados.
“Entonces ahí todavía hay grandes retos que son retos para el país, pero son retos también para la comunidad internacional”, afirma Koetsenruitjer.
Jaime Ortega Carrascal
