Madrid, 11 abr (EFE).- El exportavoz de Sumar Íñigo Errejón y la actriz Elisa Mouliaá están citados este viernes para entregar sus móviles en el juzgado y así la Policía pueda analizar las conversaciones que mantuvieron antes y después de la presunta agresión sexual que ella denunció, aunque el exparlamentario ya ha anunciado que no acudirá.
El juez Adolfo Carretero, que investiga a Errejón por una presunta agresión sexual a Mouliaá, ha citado a las 10:00 a la denunciante y a las 10:30 al exdiputado para que entreguen definitivamente sus teléfonos móviles, como ordenó hace semanas.
El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid dio el pasado día 6 de marzo un plazo de cinco días al exparlamentario de Sumar y a la actriz para que presentasen sus dispositivos móviles de cara a que la Policía elabore un informe sobre las conversaciones que cruzaron antes y después de la presunta agresión sexual ocurrida en 2021 y que Mouliaá denunció en 2024.
Se trata de mensajes, la mayoría a través de redes sociales, que se enviaron desde agosto de 2019 hasta abril de 2023.
Mouilaá reconoció que borró parte de los mensajes porque se lo recomendó su primera abogada.
La defensa de Errejón recurrió esta decisión ante la Audiencia Provincial, al entender que clonar todo el teléfono atenta contra sus derechos y las conversaciones ya están aportadas a la causa, y propuso que Errejón fuera al juzgado para mostrar con su móvil las conversaciones investigadas.
El magistrado contestó que no “porque ya se tomaron cautelas para que únicamente fueran analizadas las conversaciones con la señora Mouliaá”, y le advirtió de que el recurso “no paraliza el procedimiento”.
En todo caso, fuentes cercanas a Errejón informaron a EFE de que ni él ni su abogada acudirán a la citación porque que tienen pendiente la resolución por parte de la Audiencia Provincial de ese recurso y entienden que en ese caso no están obligados a entregar el móvil hasta que se resuelva.
Si al final la Audiencia ratifica la decisión del juez, añaden, harán lo que se les pida “con toda la transparencia”.
Argumentan además que la diligencia pedida por el juez “no esclarece gran cosa” y que lo que habría que hacer es hablar con las compañías telefónicas y con las redes sociales para que sean ellos los que intenten recuperar los posibles mensajes borrados -por la denunciante, aclaran- ya que no se encuentran tanto en los dispositivos como en esas empresas.
