Madrid, 21 ago (EFE).- El Gobierno ha lamentado este jueves las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra cuatro miembros de la Corte Penal Internacional (CPI), dos magistrados y dos fiscales, por llevar a cabo investigaciones sobre crímenes de guerra en Gaza y en Afganistán, entre otros.
La Administración de Donald Trump suma así una nueva ronda de sanciones a la CPI después de la emitida en junio contra otros cuatro jueces de este organismo y la de febrero contra el fiscal Karim Khan.
En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno lamenta «profundamente» estas restricciones «contra la independencia» de la CPI, reitera su firme apoyo al Alto Tribunal y expresa su solidaridad a los jueces y fiscales afectados y a todo el personal de la institución.
Además, recalca que la Corte Penal Internacional recibe su mandato de los 125 Estados miembros del Estatuto de Roma y que su labor es esencial para la rendición de cuentas frente a los crímenes más graves contra la humanidad y para la reparación de las víctimas.
Asegura además que España seguirá cumpliendo con sus obligaciones conforme al Estatuto de Roma y el derecho internacional, respetando y garantizando la plena jurisdicción de la CPI.
Las nuevas sanciones anunciadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afectan a los jueces Kimberly Prost, de Canadá, y Nicolas Guillou, de Francia, y a los fiscales Nazhat Shameem Khan, de Fiji, y Mame Mandiaye Niang, de Senegal.
«Estas personas son extranjeras que participaron directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones», según el jefe de la diplomacia estadounidense.
La sanciones contemplan el bloqueo de los bienes que los implicados tengan en EE.UU. y la prohibición de transacciones, incluidas las transferencias o recepción de fondos, entre los señalados y los ciudadanos estadounidenses.
