Madrid, 15 may (EFE).- España tiene una “responsabilidad especial” en lograr la reducción de la deforestación, al ser el país europeo con mayores importaciones de soja, un cultivo que provoca la destrucción de amplias zonas boscosas, alertan desde Alianza Cero Deforestación, que exige la aprobación urgente de la ley contra la destrucción de bosques.
Alianza Cero Deforestación, coalición de doce organizaciones ambientales y de consumidores, así lo planteó en el Congreso de los Diputados este pasado lunes en la jornada ‘Un futuro libre de deforestación’, donde exigió la “urgente aprobación” de la ley para la adaptación del Reglamento europeo contra la Deforestación (EUDR 2023/1115), aprobado en 2023 por amplia mayoría en el Europarlamento.
“España tiene una responsabilidad especial a la hora de atajar este problema”, asegura a EFE el responsable de campañas de bosques de Greenpeace Miguel Ángel Soto, quien recuerda que “la mayor parte de la deforestación procede de la conversión de bosques en cultivos y, entre ellos, destaca la soja”.
“España es uno de los países en la Unión Europea con mayor importación de soja y uno de los mayores productores de piensos para animales” con esta leguminosa, subraya el técnico de Greenpeace.
Recuerda que este es “un año decisivo”, porque la Cumbre del clima (COP30) se celebra en Belém, en la Amazonía brasileña, y asegura que “es el momento de poner sobre la mesa que no habrá lucha contra el cambio climático si no se frena la deforestación”.
“Es fundamental entender que una parte de los habitantes del planeta vive de los bosques, de sus materias primas, de las plantas”, dice, y sostiene que “el mundo desarrollado no puede seguir esquilmando los bosques del planeta para producir soja, aceite de palma o carne de vacuno”, así como madera, cacao, caucho, café.
Por ello, el mensaje para los diputados es que en un momento en el que “todos los grupos parlamentarios están de acuerdo en que hay que combatir la deforestación”, lleven este mismo año, “cuanto antes, al Congreso una ley que empiece a reducir la huella del mercado español sobre la deforestación, sobre los bosques, después de que la mayoría de ellos votaron en el Parlamento Europeo a favor del Reglamento”.
Desde Alianza señalan que “cada año se pierden 10 millones de hectáreas de bosque en todo el mundo”, pérdida provocada principalmente por la expansión de la agricultura industrial de grandes empresas, y la deforestación es responsable del 11 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del calentamiento global.
Indican que el EUDR prohíbe la entrada en el mercado europeo de productos vinculados a la deforestación o al incumplimiento de las leyes nacionales y recuerdan que el éxito del Reglamento “depende del desarrollo de una legislación efectiva en España”.
Por ello, exigen al Gobierno que “priorice esta ley en la agenda parlamentaria y que las empresas asuman su responsabilidad en la transformación de sus cadenas de valor” libres de deforestación, que garantice la aplicación homogénea del EUDR, con mecanismos de control y sanciones efectivas, así como dotar de recursos a las administraciones para supervisar cadenas de suministro y asegurar la trazabilidad.
Además, piden mantener el diálogo con las asociaciones sectoriales y sindicatos afectados de las cadenas de suministro para ampliar el conocimiento de la norma entre los sectores productivos, facilitar su cumplimiento a través de la formación o incrementar la digitalización en estos sectores.
Asimismo, cooperar con los países productores para proteger los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, “actores clave en la conservación de los bosques”, y evitar retrocesos en el alcance y objetivos de la norma, mejorando su ambición climática y social, sin dejar a nadie atrás.
Por su parte, Nacho Escartín Lasierra, técnico de la campaña contra la deforestación en Ecologistas en Acción (EA), dice a EFE que los ciudadanos “son conscientes de la destrucción de bosques en América, África y Asia”, lo que conlleva “la destrucción de la biodiversidad y de la vida de pueblos vulnerados por la codicia de empresas que comercializan materias primas que provienen de la deforestación”.
“Todo esto es lo que queremos que se impida en Europa”, sostiene, y explica que el borrador de la ley tuvo “unas mil alegaciones que están en proceso de revisión” en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, “donde hay un compromiso por parte de los técnicos para que la ley se apruebe cuanto antes”.
Por parte de las empresas, comenta, representantes del café, de los ganaderos y del papel -que intervinieron en la jornada en el Congreso de los Diputados- tuvo un “éxito total. Creen que es el momento de aprobar esta legislación por parte de los grupos parlamentarios mayoritarios”.
Lasierra añade que los representantes de la sociedad civil “urgen que esta normativa sea una realidad cuanto antes y que España sea ejemplo de coherencia y de compromiso dentro de la Unión Europea”.
De este modo, opina, “empresas y comunidades autónomas, que también tienen una parte de responsabilidad en las inspecciones y en los controles, conocerán mucho mejor el contenido del mecanismo para que a 1 de enero de 2026 todos estén preparados para cumplir la ley, que es de lo que se trata”.
