Bogotá, 9 jun (EFE).- El Estado colombiano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad internacional por la muerte del periodista y humorista Jaime Garzón, informó este lunes la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje).
«Por decisión del Estado colombiano (…) hemos tomado la decisión de reconocer ampliamente la responsabilidad internacional del Estado por este vil asesinato de Jaime Garzón», dijo el director de Defensa Jurídica Internacional de la Andje, Yebrail Haddad Linero.
Garzón fue tiroteado en Bogotá el 13 de agosto de 1999 por sicarios bajo órdenes del entonces jefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, con la complicidad de agentes del Estado, entre ellos José Miguel Narváez, en la época subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Justamente, Narváez también fue condenado en 2018 por el juzgado séptimo especializado de Bogotá a 30 años de prisión por el crimen de Garzón.
El humorista, en ese entonces de 39 años, se había hecho famoso con ‘¡Quac! El Noticero’, un programa televisivo de sátira política en el que, con un agudo sentido del humor, criticaba al Gobierno, los políticos, la corrupción y todo lo malo del país.
Haddad explicó en un video que el reconocimiento de la responsabilidad del Estado colombiano en este crimen se debió a que «se ha violado, por supuesto, su derecho a la vida; también su derecho a la integridad personal, derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y los derechos a las garantías y protección judicial que están establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos».
El funcionario agregó que la familia de Garzón, con la «grave dilación también de las investigaciones, ha sufrido una mengua importante de sus derechos».
«Esta decisión de reconocimiento de responsabilidad internacional no va a subsanar el dolor. No va a devolver lamentablemente a Jaime Garzón, pero sí se constituye en un paso importante para la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la reparación integral y de las medidas de no repetición», concluyó.
El crimen del reconocido periodista no ha prescrito debido a que en 2016 fue declarado delito de lesa humanidad por la participación de agentes del Estado y grupos paramilitares.
