Nueva York, 28 jul (EFE).- Una coalición de una veintena de fiscales generales presentó este lunes demanda contra el Gobierno de Donald Trump por exigir que los estados entreguen datos personales de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), lo que aseguran es una herramienta para perseguir inmigrantes.
La demanda, presentada en California, es en respuesta a la exigencia de que se entreguen los nombres de los integrantes del grupo familiar y fechas de nacimiento, números de seguro social y dirección de domicilios y código postal, explicó el fiscal de California, Rob Bonta, en conferencia de prensa virtual junto a las fiscales de Nueva York, Letitia James, y la de Michigan, Dana Nessel.
Destacó que esa acción «sin precedentes» viola todo tipo de leyes de privacidad estatales y federales «y rompe aún más la confianza entre el Gobierno federal y las personas a las que sirve”.
La demanda se presentó dos días antes de que venza el plazo del 30 de julio que el Departamento de Agricultura -que administra el programa que permite comprar alimentos, del que se benefician 42 millones de personas en EE.UU.- dio a los estados para entregar los datos de los solicitantes de los últimos cinco años.
Este programa es conocido por muchos como «cupones para alimentos» para personas de bajos recursos económicos.
Incluso, la agencia advirtió a los estados la pasada semana que de ignorar la solicitud se «pueden exponer a procedimientos de incumplimiento» lo que podría conllevar la retención de fondos.
«Seamos claros: esta exigencia no trata de prevenir el despilfarro, el fraude y el abuso. SNAP tiene tasas de fraude muy bajas, algo bien conocido. Ya existen buenas medidas de seguridad. Se trata de usar datos gubernamentales como arma para intimidar a comunidades vulnerables», afirmó.
Destacó que los solicitantes proporcionaron información para obtener ayuda para alimentar a sus familias, «no para ser incluidos en una base de datos de vigilancia del Gobierno o ser utilizados como blancos en la inhumana agenda migratoria del presidente».
Recordó que estados como California han mantenido este programa, que tiene uno de los sistemas de control de calidad más rigurosos del Gobierno federal y que durante años el Departamento de Agricultura nunca solicitó los datos a una escala tan masiva. «Ahora, sin previo aviso, la Administración Trump intenta cambiar las reglas en medio del juego», argumentó.
Por su parte, la fiscal James indicó que en Nueva York, 2,9 millones de personas reciben los beneficios de este programa y que más de la mitad son familias con niños, y más de un tercio tiene familiares mayores o con discapacidad.
«El SNAP ha evitado que las personas pasen hambre y ha salvado innumerables vidas. Pero ahora esta administración intenta usar este programa como herramienta para su cruel y caótica persecución de los inmigrantes» indocumentados, lo que dijo es «indignante, inaceptable».
«Esto no tiene precedentes. Es histórico», afirmó, mientras que la fiscal de Michigan indicó que además de que la acción tiene el impacto de asustar a la gente y disuadirla de solicitar este programa, al que tienen derecho.
Otros estados en la demanda son Kentucky, Arizona, Colorado, Connecticut, el Distrito de Columbia, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Washington y Wisconsin.
