Madrid, 8 abr (EFE).- Más de 200 estudiantes madrileños, tras participar en un encierro nocturno en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense (UCM), se han concentrado este martes frente al Rectorado donde han leído un manifiesto contra la futura ley de universidades del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso titulado ‘Frente a la asfixia de la universidad pública, organización’.
El manifiesto, redactado durante el encierro secundado por más de 400 personas de varias universidades madrileñas, denuncia que “la universidad pública está en crisis”, con asignaturas sin profesores y estos haciendo “docencia extra sin remuneración”, mientras los precios de las matrículas son “los más caros de todo el Estado y la inversión por alumno es un 21 % menor que la media estatal”.
“Nuestras facultades se vienen abajo. Nada de esto es casualidad” sino el fruto de 14 años de infrafinanciación pública que ha llevado las universidades “a números rojos”, en un “desmantelamiento” que remonta a la crisis económica durante la cual la Comunidad de Madrid ha “asfixiado” las universidades públicas mientras favorecía la “proliferación sistemática de universidades privadas”.
El proyecto autonómico de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) pretende ampliar las competencias del Consejo Social, “aumentando el poder y control que las empresas privadas tienen en él, mermando la autonomía de las universidades” y obligándolas a “mendigar financiación privada, incluso creando fondos de inversión”, reza el manifiesto.
Todo ello “institucionalizando la infrafinanciación y sometiendo la capacidad económica de las universidades a los intereses empresariales”, como parte de un proyecto “de privatización de la enseñanza, subordinación de la educación a intereses mercantiles y elitización del acceso a la universidad”.
Tras criticar la “incapacidad de los partidos” políticos para solventar esta situación, llaman a trabajadores y estudiantes a organizarse en torno a cinco reivindicaciones, entre ellas, el “fin de la represión y la militarización de la universidad pública”, derogando la ley estatal de Convivencia Universitaria y asegurando la libertad de reivindicación, organización y protesta en las universidades.
También exigen aumentar la financiación “como mínimo hasta cubrir el gasto mínimo y el déficit”, asegurando unas condiciones laborales dignas y el “acceso de la clase trabajadora a la universidad en unas mejores condiciones”.
Reivindican, asimismo, “la paralización del proyecto de ley” de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) de la Comunidad de Madrid y abrir “un proceso de negociación con el conjunto de la comunidad educativa organizada”, además de “la expulsión de las empresas privadas de la universidad, tanto de su financiación como de sus órganos de gobierno y sus espacios”.
Desde el colectivo UCM por la Pública tienen claro que los partidos parlamentarios “son cómplices y responsables” de esta situación: “No aceptamos sus migajas. Nuestra única alternativa para enfrentar esta coyuntura es la organización independiente de la comunidad universitaria”, aseguran.
Durante el encierro, docentes y estudiantes de varias facultades madrileñas han acordado nuevas acciones contra la futura ley autonómica que recortará al 70 % la financiación universitaria, incluida una huelga general educativa el próximo día 28.
