Ciudad de Panamá, 6 may (EFE).— Estudiantes, docentes, egresados y administrativos de la estatal Universidad de Panamá (UP) marcharon este martes por las principales calles de la capital panameña en defensa de la autonomía universitaria y la soberanía nacional, tras la firma de un cuestionado acuerdo de seguridad con Estados Unidos.
“La Universidad de Panamá es la institución más importante de la nación panameña y queremos aportar. No somos delincuentes, somos la voz del pueblo panameño, la voz de quienes no tienen voz”, afirmó ante los manifestantes el rector de la UP, Eduardo Flores, en relación a las críticas recibidas por parte del presidente panameño, José Raúl Mulino.
Flores recordó que en 2023 la universidad también se mantuvo en pie de lucha exigiendo que el contrato minero fuera declarado inconstitucional y, ahora, ante el memorándum de entendimiento firmado con Estados Unidos, pidió a la Corte Suprema de Justicia que lo declare ilegal, al considerar que viola el tratado de neutralidad del Canal de Panamá. “Eso es ilegal”, afirmó.
La Caminata Universitaria por la Autonomía Universitaria y la Soberanía Nacional partió desde el campus central de la universidad hasta el monumento a los Mártires, donde se sumaron grupos sindicales y organizaciones sociales.
Vestidos de blanco, ondeando banderas panameñas y con la canción Patria, de Rubén Blades, como himno de fondo, los manifestantes recorrieron la Vía Transístmica en una jornada que transcurrió sin mayores incidentes, aunque a raíz de la movilización se dieron cierres parciales y desvíos en las principales avenidas capitalinas.
Las protestas universitarias, que en ocasiones han sido dispersadas por la Policía Nacional, se han mantenido activas en rechazo también a la polémica Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), y al mencionado acuerdo con Estados Unidos, al que acusan de vulnerar la soberanía del país.
“La Universidad de Panamá presentó una propuesta alternativa a la Ley 462 (que reforma la seguridad social), que nunca fue escuchada en ninguna mesa de diálogo”, declaró a EFE el profesor de la Facultad de Derecho y director del Centro de Investigaciones Democráticas, Carlos Bichet.
Sobre el memorándum, añadió el docente que representa una amenaza a la soberanía y es, a todas luces, “un tratado que debió haber pasado por la Asamblea Nacional”.
“La Universidad de Panamá estará convocando un consejo académico; los movimientos estudiantiles continúan sus actividades y la fuerza viva de la universidad permanece en alerta frente a la gran venta de la patria”, advirtió Bichet.
A la protesta se sumaron colectivos ciudadanos que desde hace semanas mantienen bloqueos intermitentes en distintas vías del país, en rechazo a diversas medidas adoptadas por el Gobierno panameño.
En los últimos días, cientos de manifestantes —entre ellos miembros del sindicato de la construcción Suntracs, la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) y el colectivo Sal de las Redes— han protagonizado marchas y protestas en la capital, lanzando consignas contra el Ejecutivo que lidera el presidente José Raúl Mulino, quien asumió el cargo el pasado 1 de julio de 2024.
Otros sectores, como farmacéuticos, supervisores de educación y médicos, se han sumado al paro indefinido iniciado el 23 de abril por los docentes del sector público, quienes consideran que la Ley 462 compromete el sistema de pensiones y agrava la situación financiera de la CSS.
Además, los manifestantes han expresado su rechazo a los planes de reactivar la explotación minera de la empresa canadiense First Quantum, cuya concesión fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia panameña.
