La Paz, 27 ago (EFE).- El expresidente de Bolivia Evo Morales protestó ese miércoles contra las recientes decisiones judiciales en favor de la expresidenta interina Jeanine Áñez y los líderes opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, los principales acusados e investigados por la crisis de 2019 en el país suramericano.
«La misma justicia que nos persigue y mantiene privados de libertad a mis hermanos y hermanas, la misma justicia que socapa la corrupción de (el presidente) Luis Arce, la misma justicia que proscribió a las grandes mayorías, hoy libera a los responsables del Golpe de Estado que derivó en la masacre de Sacaba y Senkata», escribió Morales (2006-2019) en X.
El también exlíder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) manifestó su «solidaridad inquebrantable» con las «familias de las víctimas, con los heridos y con el pueblo movilizado que, pese a la persecución y la impunidad, mantiene viva la lucha por verdad, justicia y dignidad».
Morales reaccionó así a las decisiones judiciales por las que Camacho y Pumari podrían defenderse en libertad y Áñez pasará de ser juzgada en un proceso ordinario a un juicio de responsabilidades, que el Gobierno de Arce también cuestionó y ha apelado, según informó este miércoles la ministra de Justicia, Jessica Saravia.
Los casos contra los opositores fueron analizados después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyó el pasado viernes que se verifique el cumplimiento de los plazos de las detenciones preventivas en todos los procesos en curso contra Áñez (2019-2020), Camacho y Pumari.
Los procesos judiciales por la crisis de 2019 se realizan a instancias del Gobierno y el MAS, que aseguran que Evo Morales fue víctima de un «golpe de Estado», lo que niegan sus detractores que afirman que las protestas fueron por un fraude a favor del entonces presidente en las fallidas elecciones de ese año.
El lunes, un tribunal boliviano anuló uno de los procesos ordinarios contra Áñez y pidió que en su lugar se inicie un juicio de responsabilidades contra la expresidenta en el llamado caso ‘Senkata’, por las muertes de civiles durante la crisis de 2019 en esa zona de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.
La corte dispuso también un «mandamiento de libertad» para Áñez, pidiendo que espere el juicio fuera de prisión, aunque para esto hay una serie de trámites y pasos legales que se deben cumplir previamente.
La exmandataria enfrenta otros procesos por decisiones tomadas durante su Gobierno transitorio y tiene una sentencia de 10 años de cárcel por el llamado caso ‘golpe de Estado II’ en el que se la acusó de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019, una sentencia ratificada en 2023 por el máximo tribunal de Justicia de Bolivia.
El martes, otro tribunal dispuso levantar la medida de prisión preventiva a Camacho, el gobernador suspendido de la región oriental de Santa Cruz, y a Pumari, exlíder cívico o ciudadano del departamento andino de Potosí, y otorgó arresto domiciliario al primero y «libertad pura y simple» para el segundo.
Ambos son los principales acusados dentro del caso ‘golpe de Estado I’, por haber liderado las protestas poselectorales en 2019, cuando eran presidentes de los comités cívicos de sus regiones.
Camacho, que está en una cárcel en el Altiplano boliviano desde finales de 2022, se benefició este miércoles con otra detención domiciliaria en otro proceso por una huelga ciudadana realizada en Santa Cruz en 2022, por la realización oportuna del censo de población y vivienda y tiene pendientes las revisiones de otros casos.
