Lima, 1 sep (EFE).- La ex primera ministra de Perú Betssy Chávez, en huelga de hambre seca desde hace diez días mientras es procesada por el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en 2022, fue trasladada a un hospital de Lima para descartar alguna complicación en su salud, informó este lunes el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).
La autoridad penitenciaria encargada del control y administración de las cárceles peruanas informó que «por indicación médica y como medida de prevención», se ha trasladado a Chávez, de 36 años, de la cárcel de mujeres de Chorrillos, en el sur de Lima, al hospital María Auxiliadora, situado también en la capital peruana.
«Esto a fin de que reciba un monitoreo constante y se descarte cualquier posible complicación de su salud», agregó el Inpe en su cuenta de la red social X.
Así mismo, el Instituto remarcó que, desde el inicio de su huelga de hambre seca, «la interna Chávez ha recibido supervisión permanente del médico penitenciario».
El Inpe indicó que la información del estado de salud de la ex primera ministra ha sido compartida de manera oportuna con la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo para los fines pertinentes.
«El informe del Hospital María Auxiliadora revela que Betssy Chávez está en riesgo de vida. Llegó con desnutrición por inanición y el corazón debilitado (bradicardia) tras diez días de huelga de hambre», aseguró el abogado de la exministra, Raúl Noblecilla, en un mensaje en redes sociales donde compartió el informe del centro médico.
«El Inpe calla y se niega a responder ante esta situación extrema. Agradecemos a quienes solidariamente hicieron llegar este documento que desnuda la verdad», agregó Noblecilla.
Testamento en redes sociales
Antes de retomar la huelga de hambre, Chávez dejó un testamento en el que rechazaba recibir cualquier intento de hidratación o reanimación.
Chávez retomó su huelga de hambre en protesta por los presuntos maltratos que denuncia recibir de las autoridades penitenciarias y como medida de presión para solicitar el traslado de cárcel de ella y otras dos reclusas al considerar que su integridad está amenazada.
Sin embargo, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) respondió que no existen pruebas de los malos tratos que Chávez aduce haber recibido por parte de las autoridades de la cárcel de mujeres de Chorrillos y también apuntó que la ex primera ministra no había solicitado personalmente el traslado de prisión, requisito necesario para su evaluación.
El pasado viernes, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) respaldó la solicitud de Chávez sea trasladada a otra prisión tras realizar una visita a la prisión.
Quejas de otras reclusas
La CNDDHH señaló en un comunicado que la ex primera ministra cuenta con una celda con algunas comodidades que no tiene el resto de reclusas, quienes reportaron quejas sobre el comportamiento de la política y señalaron que sus denuncias públicas no se ajustan a la realidad.
Junto a otros exintegrantes del gabinete, tanto Chávez como Castillo son procesados por el intento de golpe de Estado, que derivó en la destitución del exmandatario y la juramentación de su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, como jefa de Estado y afrontan penas de entre 25 y 34 años de cárcel, respectivamente.
En una audiencia previa por el juicio que afrontan, Castillo le pidió a Chávez que deponga su medida de protesta y agregó que «al pueblo no le defiende poniendo un cuerpo inerte en un camposanto con un madero encima, sino acompañándola en sus luchas permanentemente».
En forma paralela a la huelga de hambre, la defensa de Chávez ha presentado un hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC) para anular la prisión preventiva dictada en su contra en 2023 por presuntas irregularidades en su tramitación.
Sobre ese recurso, la Defensoría del Pueblo de Perú solicitó al TC intervenir, en calidad de amicus curiae, en el proceso de habeas corpus a favor de Chávez para aportar una apreciación jurídico-técnica que coadyuve al debate en relación «al respeto al plazo de la prisión preventiva, como garantía indispensable frente a la arbitrariedad y en resguardo de la presunción de inocencia».
