Lima, 25 ago (EFE).- La ex primera ministra de Perú Betssy Chávez, enjuiciada por el fallido intento de golpe de Estado encabezado por el expresidente Pedro Castillo a finales de 2022, afirma llevar tres días de huelga de hambre sin recibir alimentos ni hidratación en prisión.
Chávez retomó su huelga de hambre en protesta por los presuntos maltratos que asegura recibir de las autoridades penitenciarias y como medida de presión para solicitar el traslado de cárcel de ella y otras dos reclusas al considerar que su integridad está amenazada.
El abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, publicó este lunes un consentimiento informado donde la ex primera ministra reconoce ser consciente de los riesgos que implica su decisión de mantener una «huelga seca» que podría suponerle la muerte en el lapso de tres a cinco días.
En el mismo documento, la procesada apunta de puño y letra que este lunes es su tercer día sin ingerir alimentos ni bebidas y pide recibir medidas de acompañamiento y cuidados paliativos, sin que se le intente reanimar ni ser trasladada a un hospital.
Chávez anunció ya la pasada semana en una carta en forma de testamento que retomaba la medida de la «huelga de hambre seca», si bien la suspendió por 48 horas a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) atendiese sus solicitudes.
Sin embargo, el Inpe respondió que no existen pruebas de los malos tratos que Chávez aduce haber recibido por parte de las autoridades de la cárcel de mujeres de Chorrillos, en el sur de Lima, y también apuntó que la ex primera ministra no había solicitado personalmente el traslado de prisión, requisito necesario para su evaluación.
Tanto ella como el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), que también se encuentra en prisión preventiva, responsabilizaron a la actual presidenta, Dina Boluarte, de la vida de la ex primera ministra.
En manos del Tribunal Constitucional se encuentra un recurso de habeas corpus presentado por los abogados de Chávez para que sea liberada, al argumentar que la prolongación de la prisión preventiva contra la ex primera ministra se dio cuando ya había vencido el primer plazo, de 18 meses.
Junto a otros exintegrantes del gabinete, tanto Chávez como Castillo son procesados por el intento de golpe, que derivó en la destitución del exmandatario, y afrontan penas de 25 y 34 años de cárcel, respectivamente.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo dio un mensaje a la nación donde anunciaba el cierre del Congreso y la intervención de la Judicatura para gobernar a través de decretos, ante la posibilidad de que el Parlamento votase ese día una moción de vacancia (destitución presidencial) contra él.
Su mensaje no surtió efecto, ya que minutos después fue detenido por la Policía cuando se dirigía aparentemente a la Embajada de México en Lima, mientras el Congreso votó inmediatamente su destitución y la sucesión en el cargo de su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte.
