Madrid, 30 sep (EFE).- Exaltos mandos de la Policía Nacional han testificado en el juicio del caso Tándem que este Cuerpo usó la estructura empresarial del excomisario José Manuel Villarejo en operaciones y que la cúpula policial conocía que este compatibilizaba su actividad privada con trabajos de inteligencia para el Estado.
En la Audiencia Nacional ha continuado este martes el juicio de la pieza número 8 del caso Tándem, referida a un informe elaborado en 2015 por el grupo de sociedades de Villarejo, Cenyt, sobre el empresario marbellí Felipe Gómez Zotano, tras acceder supuestamente a bases de datos policiales y notariales restringidas y que presuntamente usaba para su actividad de espionaje privado.
Este trabajo fue encargado por M.K.N., una mujer que pretendía usar la información obtenida en su estrategia judicial para que Gómez Zotano le devolviese 700.000 euros que le reclamaba tras verse estafada en una relación inmobiliaria entre ambos sobre una vivienda de Benahavís (Málaga).
En sus conclusiones provisionales el fiscal pide nueve años de prisión para Villarejo, ocho para el exinspector jefe de la Policía Nacional Constancio Riaño y cuatro años y nueves meses para el expolicía Antonio Bonilla, así como que indemnicen a Felipe Gómez Zotano en 3.000 euros por los daños que le han causado.
En la sesión de este martes el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional José Luis Olivera ha declarado que Villarejo estaba encargado en el seno de la Dirección General Operativa de proporcionar datos de inteligencia .
José Luis Olivera ha añadido que la estructura empresarial de Villarejo fue utilizada en varias ocasiones para fines oficiales en el marco de investigaciones incluso con reuniones en sus oficinas en la torre Picasso de Madrid, de tal forma que era «de interés policial» ya que «servía de cobertura y de herramienta de inteligencia», lo que «benefició al Estado».
«Los altos manos policiales, incluso los directores generales operativos, conocían que Villarejo tenía esa estructura empresarial, y quien diga lo contrario miente», ha recalcado Olivera.
También ha testificado el director general operativo de la Policía Nacional entre 2012 y 2016, Eugenio Pino, que ha confirmado que Villarejo realizaba servicios de inteligencia.
Ha subrayado que su antecesor, el fallecido Miguel Ángel Fernández-Chico, le dijo que «Villarejo era imprescindible en una serie de investigaciones» y que debía continuar desarrollándolas.
Eugenio Pino ha comentado que las misiones de Villarejo de captación de información «casi siempre se resolvían satisfactoriamente para los intereses policiales» y ha ratificado que su estructura empresarial servía de cobertura para las mismas.
Y ha recordado que «cuando fue revelada su identidad como agente informante» el entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ordenó que se investigara la actividad empresarial de Villarejo y si existía alguna incompatibilidad con sus labores esporádicas de inteligencia, que «concluyó positivamente para él».
Pino ha asegurado que Villarejo no tenía acceso directo a las bases de datos policiales de tal forma que si necesitaba alguno en el marco de una investigación concreta lo tenía que solicitar a la unidad corsespondiente y al respecto el testigo ha dicho que no le comunicaron «ningún contratiempo».
Recientemente la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional dictó una sentencia que admitió parcialmente el recurso de Villarejo contra su primera condena por tres piezas del caso Tándem que se juzgaron de forma conjunta y que le supuso una rebaja de la pena de 19 a 13 años cárcel al absolverle del delito de falsedad documental.
La Sala mantuvo además, en contra del criterio de Anticorrupción, su absolución por el delito de cohecho pasivo, al entender que los encargos que hizo al frente de su empresa, Cenyt, fueron al margen de su condición de policía.
