Santiago de Chile, 27 ago (EFE).- El exmilitar chileno José Octavio Zara, de 82 años, volvió este miércoles a prisión, un día después de haber sido liberado tras cumplir quince años de condena por los homicidios del excomandante en jefe del Ejército y opositor al golpe, Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert, perpetrados en Buenos Aires en septiembre de 1974.
Zara, exagente de la DINA, la policía secreta del dictador Augusto Pinochet, fue detenido nuevamente este miércoles en el marco de la investigación por el homicidio de Ronni Moffit, la secretaria del excanciller Orlando Letelier en septiembre de 1976, en Washington.
Moffit murió junto a Letelier, excanciller de Salvador Allende y exembajador en Estados Unidos, cuando el automóvil en el que viajaban explotó en pleno centro de Washington.
Zara está procesado y acusado por el homicidio de Moffitt, pero como estaba cumpliendo pena por el asesinato de Prats y su esposa no era necesario decretar ninguna medida cautelar.
Una vez cumplida su condena, la jueza Paola Plaza ordenó prisión preventiva en su contra y su ingreso en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, a las afueras de la capital chilena.
Tanto el crimen de Prats y su esposa como el de Letelier y Moffit son dos de los tres atentados que el régimen de Pinochet (1973-1990) perpetró fuera de Chile.
La liberación el martes de Zara despertó críticas en distintos sectores de la política chilena, incluido el Gobierno del presidente Gabriel Boric.
“Como Gobierno lamentamos que el exintegrante de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), José Zara, haya terminado su condena sin contribuir al esclarecimiento del paradero de las víctimas de desaparición forzada», publicó en X la vocera del Ejecutivo chileno, Camila Vallejo.
La dictadura de Pinochet dejó al menos 3.200 opositores asesinados, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada.
Zara cumplió condena en Penta Peuco, una cárcel especial donde cumplen condena violadores de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet y que Boric prometió el pasado junio que transformará en un penal común.
