Lima, 5 sep (EFE).- El exministro y general retirado del Ejército de Perú Daniel Urresti, condenado a doce años de cárcel por el homicidio con alevosía del periodista Hugo Bustíos, perpetrado en 1988, busca acogerse a la amnistía promulgada para agentes de fuerzas de seguridad procesados o condenados por delitos cometidos en el marco del conflicto armado interno (1980-2000) contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Así lo advirtió en un comunicado la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) de Perú, que expresó «su profunda preocupación ante la pretensión del sentenciado Daniel Urresti de obtener la nulidad de su proceso penal y de la condena en su contra, amparándose en la cuestionada» amnistía promulgada por la actual presidenta, Dina Boluarte.
La ANP exhortó a los jueces a «ratificar la posición de la Fiscalía y declarar improcedente el pedido presentado por Urresti», a la vez que exigió al Estado peruano que garantice «que ninguna norma contraria a los estándares internacionales de derechos humanos sea utilizada para socavar la justicia».
El gremio periodístico recordó que la amnistía «ha sido ampliamente rechazada por expertos e instituciones nacionales e internacionales, por ser abiertamente contraria al derecho internacional».
«Tanto el Estatuto de Roma como la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad establecen con claridad que estos delitos no prescriben», manifestó la ANP.
La amnistía fue aprobada por el Congreso a iniciativa de un grupo de fuerzas conservadoras, la mayoría de derechas, que tienen en sus filas a varios militares y policías en situación de retiro, y que respaldan a Boluarte, quien promulgó la amnistía en desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que le había pedido suspender cautelarmente la tramitación hasta que pudiese emitir un dictamen.
La Corte IDH pide no aplicar amnistía
La Corte IDH emitió este viernes una nueva resolución para solicitar a los jueces de Perú que se abstengan de aplicar esta amnistía hasta el momento en que el tribunal ofrezcan una resolución definitiva, en el marco del cumplimiento de las sentencias por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde veinticinco personas, entre ellos un niño de 8 años, fueron asesinados por el grupo militar encubierto Colina.
La amnistía está dirigida a militares, policías y miembros de los comités civiles de autodefensa que estén procesados por delitos condenados en el combate a Sendero Luminoso y el MRTA entre 1980 y 2000, así como para aquellos que tengan condena firme y más de 70 años de edad.
Urresti, de 69 años, fue ministro del Interior del gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) y era jefe de inteligencia de un cuartel militar en la región andina de Ayacucho cuando Bustíos fue emboscado, el 24 de noviembre de 1988, en una paraje rural mientras se encontraba investigando el asesinato de una mujer presuntamente cometido por Sendero Luminoso.
El exmilitar y político fue sometido a un segundo proceso por este caso después de que la Corte Suprema ordenara la anulación de una primera sentencia absolutoria emitida en 2018, por considerar que no se habían valorado certeramente algunas pruebas.
Además de ministro, Urresti también fue congresista entre 2020 a 2021, candidato a la Presidencia de Perú en 2016 y 2021, y candidato a la Alcaldía de Lima Metropolitana en 2018 y 2022.
«Nefasta ley», dice hija de Bustíos
Sharmelí Bustíos, hija de Hugo Bustíos, comentó en redes sociales que «el inmenso daño y el retroceso que significan ciertas leyes para favorecer a quienes cometieron crímenes no dan descanso a los familiares». «Confío que los jueces no apliquen esta nefasta ley», apostilló.
El conflicto armado interno (1980-2000) fue una de las épocas más violentas de la historia de Perú que dejó unos 69.000 muertos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), desatada por la organización maoísta Sendero Luminoso y el marxista MRTA.
Las acciones terroristas de los grupos armados fueron respondidas por las fuerzas de seguridad con episodios de extrema crueldad hacia la población, donde se vulneraron derechos humanos con torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
