Lima, 22 ago (EFE).- El expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) fue recluido este viernes en la prisión Ancón II, una cárcel común al norte de Lima, tras una decisión de la autoridad penitenciaria que anuló su internamiento en la prisión de Barbadillo, donde están otros tres exmandatarios, para cumplir con cinco meses de prisión preventiva por un caso de presunta corrupción cometido antes de llegar al Ejecutivo.
Vizcarra fue conducido en una furgoneta blindada del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), junto a un fuerte resguardo policial, desde el penal de Barbadillo, al este de Lima, hacia Ancón II, ubicado al norte de la capital, una semana después de haber sido recluido por una decisión judicial.
Es la primera vez que un exmandatario peruano es enviado a una prisión común en lugar de Barbadillo, que se creó en 2007 para albergar a Alberto Fujimori (1990-2000) y que ha acogido a los distintos expresidentes que han sido enviados a prisión preventiva o condenados a cárcel en los años posteriores. Actualmente están allí Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022).
El INPE, la oficina penitenciaria encargada del control y administración de las cárceles peruanas, perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, anunció el jueves que había anulado la resolución que enviaba a Vizcarra a Barbadillo y este viernes informó que, tras una nueva evaluación, decidió mandarlo a una prisión común sin detallar los motivos.
De acuerdo a la entidad penitenciaria, Vizcarra fue reclasificado a la cárcel de Lurigancho, una de las más pobladas de Latinoamérica, pero precisó que, por razones de seguridad, lo recluirían ahora en la cárcel de Ancón II, también conocida como Piedras Gordas II, que cuenta con instalaciones más modernas.
Vizcarra denuncia persecución
Minutos antes de su traslado de prisión, Vizcarra atribuyó su cambio de cárcel a una «decisión política», en declaraciones a la emisora RPP desde la cárcel de Barbadillo.
El exmandatario explicó que, después de una semana recluido en Barbadillo, donde están también otros expresidentes, llegó una segunda junta de clasificación del INPE, el pasado miércoles, y que desde ahí sintió «algo raro», que lo quieran clasificar nuevamente, en menos de una semana.
Sin embargo, «la misma junta, la segunda que estuvo el miércoles, determinó que lo que me correspondía era estar aquí en Barbadillo y que, si es que se decidía otra cosa, la propia junta me dijo que era por decisión política de otro nivel».
«Entonces, desde el momento en que se toma otra decisión, no es motivo de la junta, sino que es una decisión de carácter político y de persecución», afirmó el exmandatario mediante un enlace telefónico.
Vizcarra señaló que el INPE depende del ministerio de Justicia y éste a su vez depende de la presidenta Dina Boluarte.
«Lo digo aquí con todas sus letras. Yo estoy siendo así vejado, trasladado», expresó el exgobernante.
Vizcarra fue recluido la pasada semana en prisión preventiva por cinco meses a la espera de que concluya el juicio donde está acusado de haber recibido presuntamente sobornos cuando era gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014).
Frustrado candidato
Hasta ese momento Vizcarra había acudido a todas las citaciones de la Justicia a la vez que realizaba actividad proselitista con miras a las elecciones de 2026, donde figura entre las primeras opciones en intención de voto en varias encuestas, pese a contar con tres inhabilitaciones por parte del Congreso.
Por su parte, el exdirector del INPE y exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, señaló en declaraciones al Canal N que esta decisión tomada contra Vizcarra «es una arbitrariedad y un despropósito».
«Me parece que no hay un elemento técnico y que entra ya un factor político», aseveró Pedraza, quien recordó que «la única razón por la que existe Barbadillo es que era imprescindible dotar a Fujimori de un espacio que garantice su seguridad por su condición de expresidente».
Asimismo, Mario Vizcarra, hermano del expresidente, apuntó que la resolución del INPE «confirma que se trata de una persecución política» e incluso «inhumana», al apuntar que se trata de «un atentado canallesco» que busca «humillar a las personas».
