Bogotá, 15 mar (EFE).- El expresidente colombiano César Gaviria (1990-1994) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “amenazas, ataques y actos de persecución” del Gobierno contra senadores de diferentes partidos que firmaron una ponencia para archivar la reforma laboral presentada al Congreso por iniciativa del presidente Gustavo Petro.
Así lo manifestó Gaviria en una carta enviada al presidente de la CIDH, José Luis Caballero Ochoa, en la que asegura que “estas amenazas no provienen de sectores aislados, sino que parecen estar impulsadas por una estrategia de gobierno que, en lugar de promover el debate democrático, ha optado por la estigmatización y la persecución de quienes se oponen a sus reformas”.
La reforma laboral del Gobierno está a punto de hundirse en el Senado donde ocho de los 14 miembros de la Comisión Séptima firmaron una ponencia para archivar esa iniciativa, que debe ser discutida en la sesión del próximo martes.
“Las acciones de intimidación han escalado hasta niveles inaceptables, poniendo en riesgo la vida, la seguridad y la reputación de los congresistas y sus familias”, dice la misiva de Gaviria a la CIDH, que se hizo pública este sábado.
El jefe del Partido Liberal, que abandonó este año la coalición de Gobierno, aseguró que su senador Miguel Ángel Pinto “ha sido víctima de una serie de ataques que no solo ponen en riesgo su seguridad, sino que afectan a su familia y buscan destruir su buen nombre”.
El exmandatario aseguró que las amenazas también han sido contra los senadores Honorio Henríquez, Alirio Barrera, Esperanza Andrade, Nadia Blel, Berenice Bedoya, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo, quienes “han sido señalados y atacados por ejercer su derecho constitucional a deliberar y votar en el Congreso de la República, en lo que claramente configura un intento de intimidación que atenta contra la independencia del Poder Legislativo”.
Los señalamientos
Gaviria, que también fue secretario general de la OEA (1994-2004), aseguró que “en reiteradas ocasiones, el presidente Gustavo Petro y miembros de su gobierno han señalado a estos senadores como enemigos de los trabajadores, promoviendo un discurso que busca presentarlos ante la opinión pública como responsables de un supuesto bloqueo a las reformas que el país necesita”.
Con ello, aseguró Gaviria, “han abierto la puerta a un clima de hostilidad que ha derivado en amenazas de violencia, atentando contra su derecho a ejercer su labor legislativa sin presiones ni coacciones”.
Por todo lo anterior solicitó “con urgencia la intervención de la CIDH para que se pronuncie de manera categórica frente a estos hechos y exija al Estado colombiano garantizar la seguridad de los congresistas afectados y de sus familias”.
“Esperamos que la CIDH actúe con la celeridad que este caso amerita, en defensa de los derechos humanos y de los principios democráticos que deben regir a toda sociedad que aspire a la justicia y a la libertad”, concluye.
Ante el riesgo de hundimiento de las reformas laboral y de la salud, Petro anunció el martes pasado que convocará una consulta popular en una fecha por definir para que el pueblo decida sobre esos proyectos de ley y participará el próximo martes en una jornada de manifestaciones con las que piensa impulsar esa iniciativa.
