Lima, 29 ago (EFE).- El expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) reclamó este viernes desde Barbadillo, la prisión de Perú reservada para los exmandatarios, continuar en libertad el juicio donde está acusado de presunto cohecho, al afirmar que no tiene intención de fugarse ni de eludir a la Justicia en caso de que sea condenado.
«Yo no me voy a fugar, ni me voy a asilar, ni autoeliminar», señaló Vizcarra en la audiencia de apelación de la prisión preventiva que se le impuso hace dos semanas, donde hizo referencia a otros expresidentes que han buscado asilarse en otros países o incluso suicidarse para no enfrentar a la Justicia, como el caso de Alan García (1985-1990 y 2006-2011).
«No voy a traicionar ni a la Justicia peruana ni a los millones de peruanos que creen en mí», sostuvo el exgobernante, para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel por presuntamente haber recibido 2,4 millones de soles (679.000 dólares) en sobornos cuando ejercía como gobernador de la sureña región de Moquegua.
En un primer momento, Vizcarra fue recluido en Barbadillo, donde también se encuentran los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022), pero pocos días después, en un hecho inédito, fue llevado a una prisión común por razones aún no especificadas por las autoridades penitenciarias, que dependen del Gobierno de la actual presidenta, Dina Boluarte.
En la cárcel de Ancón II, conocida también como Piedras Gordas II, estuvo cinco días hasta que el Gobierno decidió retornarlo nuevamente a Barbadillo, cuando Vizcarra ya había denunciado una «serie de abusos» y «persecución política»
«He aceptado estoicamente la prisión por estos 16 días y con fortaleza porque sé que finalmente tiene que primar la Justicia», señaló Vizcarra.
Defiende arraigo familiar y laboral
Durante la audiencia, que se celebró a través de videoconferencia, Vizcarra criticó que el juez de primera instancia lo enviara a prisión preventiva al considerar que no contaba con arraigo familiar ni laboral en Perú, lo que facilitaba la posibilidad de una eventual fuga.
«Tengo cuatro hijos mayores de edad. Los dos primeros son independientes. El tercero tiene 25 años, y el cuarto, 20 años, y los dos están en la universidad. Dependen del trabajo mío y de mi esposa. Es un núcleo familiar. Viven bajo mi patria protestad», explicó Vizcarra.
«¿Qué ha cambiado? El fiscal dice que ha habido un decaimiento del arraigo. ¿En cuatro años mis hijos dejan de ser menos hijos?», agregó.
Por su parte, el fiscal Rafael Vela aseguró que Vizcarra no tiene ninguna medida de arraigo laboral y familiar.
Vizcarra también argumentó que, tras haber sido destituido como presidente por el Congreso en noviembre de 2020, «no tenía ningún trabajo», pero ahora aseguró contar con dos trabajos, uno de ellos como integrante de su propio partido político Perú Primero, con el que busca ser candidato presidencial.
Asimismo, también lamentó que el magistrado que lo llevó a prisión provisional no valorase que también trabaja con asesorías para una empresa familiar de ingeniería, y recordó que en todo momento ha asistido a las audiencias del juicio y ha cumplido con las comparecencias marcadas por la Justicia.
El Ministerio Público presentó un informe emitido por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) sobre la llamada telefónica que Vizcarra realizó a un medio de comunicación antes de ser trasladado al penal Ancón II para que el juzgado lo tenga en cuenta a la hora de tomar su decisión.
A lo que la defensa del expresidente indicó que el hecho ocurrió en un estado de “zozobra, incertidumbre y angustia”, ya que Vizcarra no había sido notificado del cambio de prisión.
El exmandatario se encuentra entre las primeras opciones en intención de voto para los comicios presidenciales de 2026 según varias encuestas, pese a contar con tres inhabilitaciones en su contra impuestas por el Congreso que Vizcarra busca revertir en el sistema interamericano de derechos humanos.
