Ciudad de Panamá, 24 jun (EFE).- El Gobierno de Panamá decidió este martes extender por cinco días más el «estado de urgencia» declarado el pasado 20 de junio en la provincia de Bocas del Toro (Caribe) para intentar restablecer el orden en esa zona bananera del país, tras la «escalada de violencia» ocurrida durante las protestas contra una reforma a la seguridad social.
La decisión fue anunciada en rueda de prensa por el ministro panameño de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, tras su aprobación en la tarde de hoy por el Gabinete (Consejo de Ministros).
Orillac señaló que se extiende el «estado de urgencia» porque persisten «de alguna forma situaciones que ameritan que el Ministerio de Seguridad (y sus estamentos) mantengan el orden y traten de traer la paz a Bocas del Toro», principalmente «a Changuinola y algunas áreas cercanas», añadió.
En ese sentido, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, dijo que todavía continúan bloqueos a carreteras en algunas regiones de Bocas del Toro, por lo que la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Frontera y el Servicio Nacional Aeronaval al día de hoy continuaban con sus operaciones de despeje.
Por su parte, la Policía sigue con los allanamientos para lograr la recuperación de los bienes hurtados y robados a comercios, así como la captura, mediante denuncias, de las personas que hayan participado en vandalismo y destrucción de la propiedad tanto pública como privada, precisó el titular del Ministerio de Seguridad (Minseg).
El «estado de urgencia» suspende las garantías constitucionales por cinco días en esa provincia, limítrofe con Costa Rica, donde el Gobierno ya había declarado un «estado de emergencia» en mayo, pero que solo se aplicó para el uso de fondos públicos para mitigar las protestas que allí se registran desde hace casi dos meses.
Estos fondos, establecidos inicialmente en 10 millones de dólares, se aumentaron hasta los «40 millones», «para efectos de poder atender situaciones importantes que han ocurrido con respecto al vandalismo y demás hechos registrados el día jueves pasado», precisó el titular de la cartera de Presidencia.
Orillac explicó hoy que con la ampliación de la medida se restablece el derecho al recurso de habeas corpus, una de las garantías constitucionales que protege la libertad individual.
La noche del pasado 19 de junio, en la ciudad de Changuinola, una de las principales de Bocas del Toro, algunos manifestantes «saquearon» las instalaciones de Chiquita Panamá, la bananera que tuvo que cerrar operaciones y despedir a todos sus trabajadores en mayo después de que los jornaleros fueran a un paro, según el Gobierno y la Policía.
Ese día, los manifestantes también «incendiaron parcialmente» un estadio de béisbol y «se tomaron instalaciones del aeropuerto de Changuinola, sustrajeron vehículos de empresas de alquiler y pertenencias de las oficinas de la terminal». Además se reportaron robos en otros comercios, según la información oficial.
Ábrego añadió que se han desplazado casi 900 unidades policiales más a Bocas del Toro, pues «la idea es lograr la recuperación de la paz y la tranquilidad social a la mayor brevedad posible», para así, expresó, «no tener la necesidad de mantener el estado de urgencia en la provincia».
En cuanto a los resultados de la operación policial «Omega» para restablecer el orden en esa región del país, Ábrego enumeró que han sido aprehendidas 267 personas, 177 de las cuales están a órdenes del Ministerio Público (MP, Fiscalí) y 25 con los Jueces de Paz, mientras que a otras 65 se les investiga su participación o no en los actos vandálicos.
El ministro de Seguridad también detalló que todavía permanecen cerrados unos 10 puntos viales en esa provincia.
Las protestas en contra de una ley que reformó el sistema de Seguridad Social comenzaron en abril en todo el país, lideradas por algunos sindicatos de profesores y trabajadores de la construcción que decidieron ir a la huelga. Sin embargo, el Gobierno de Panamá señala que las manifestaciones son por ideología política.
