San Juan, 29 jul (EFE).- Las autoridades de Trinidad y Tobago aprobaron este martes extender hasta octubre el estado de emergencia decretado hace dos semanas por la situación carcelaria en la isla y revelaron que dos drones intentaron infiltrarse en un cuartel al que fueron recientemente trasladados delincuentes de alto riesgo.
El fiscal general de Trinidad y Tobago, John Jeremie, explicó que las Fuerzas de Defensa del país pudieron hacer frente con éxito a la amenaza de los drones, según publicaron medios trinitenses.
Los drones tenían como objetivo el Cuartel Teteron, a donde fueron removidos los reclusos más peligrosos de la Prisión de Máxima Seguridad al inicio del estado de emergencia, decretado el pasado 18 de julio.
Jeremie reveló el caso de los drones durante el debate parlamentario celebrado en la víspera sobre una moción para prorrogar el estado de excepción.
La moción fue aprobada con el apoyo unánime del Gobierno y la oposición, por lo que el estado de emergencia finalizará en octubre.
«Si no hubiéramos tomado la decisión de declarar un estado de emergencia y expulsar inmediatamente a las personas de la Prisión de Máxima Seguridad hace diez días, junto con las numerosas operaciones posteriores de la Policía y las Fuerzas Armadas, muchos de nosotros no estaríamos aquí hoy», subrayó el fiscal.
El Gobierno de Trinidad y Tobago decretó el pasado 18 de julio el estado de emergencia en el país, debido a la presencia de «una red criminal coordinada y peligrosa que opera desde el sistema penitenciario nacional».
Por su parte, el comisionado de la Policía, Allister Guevarro, informó -en su momento- que personas encarceladas están utilizando activamente «redes internas y externas para planificar y ejecutar ataques contra figuras clave de los sectores de la seguridad nacional y la justicia».
Según Guevarro, estos esfuerzos no son aislados, sino que representan «una campaña estructurada que involucra a múltiples entidades criminales» cuyos objetivos incluyen altos oficiales de Policía, personal de la Fiscalía General y funcionarios del servicio penitenciario.
El estado de emergencia faculta a las fuerzas del orden para iniciar acciones de contención rápidas, fortalecer la coordinación interinstitucional y desplegar recursos adicionales con la autoridad necesaria para neutralizar la amenaza.
El fiscal general afirmó ante el Parlamento que «los presos pueden mantener una comunicación sofisticada con afiliados externos, gestionar la logística y dirigir actos de violencia mediante el uso de teléfonos de contrabando».
«Todo esto se ve facilitado por las redes corruptas entre funcionarios y reclusos, y por las crecientes economías de mercado negro que operan en las cárceles. Los reclusos de alto riesgo, en particular, explotan el sistema mediante sobornos», reconoció Jeremie.
Trinidad y Tobago sufre una escalada de la violencia y criminalidad con cifras récord de homicidios, que en 2024 ascendieron a 620 casos.
