San José, 20 ago (EFE).- La familia de la niña Marcela Brenda Iglesias Ribaudo, fallecida en 1996 en un parque público en Argentina, pidió este miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), un fallo que haga justicia para la menor, ante la impunidad en que se encuentra el caso.
En una audiencia ante la CorteIDH, en la que participaron familiares y representantes de las partes, la madre de la menor, Nora Esther Ribaudo, afirmó que la esperanza de la familia es que «se haga justicia por su vida».
«Cuando nos cerraron todas las puertas en Argentina, decidimos ir a la Corte Interamericana porque nosotros teníamos la idea de que Marcela tenía el derecho a vivir. No solo murió sino que la degradaron como persona. Estaba muerta debajo de 250 kilos de hierro y la culpaban a ella de estar trepada», declaró Ribaudo.
El 15 de febrero de 1996, Marcela Brenda Iglesias Ribaudo, de seis años de edad, participó en una actividad para los hijos de una institución bancaria en el complejo recreativo Paseo de la Infanta, en Buenos Aires.
Según la demanda presentada a la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la mayoría de los niños se encontraban jugando en el sector designado para el tránsito peatonal y en este mismo espacio se encontraba ubicada una escultura de hierro de 250 kilos llamada ‘Elementos’. La escultura mencionada se desplomó causando la muerte inmediata de la niña Iglesias Ribaudo.
El presidente de la CIDH, José Luis Caballero, expuso el caso en la audiencia de este miércoles y recordó que fueron imputados el escultor, la responsable de la galería a cargo de la exposición y funcionarios de la Alcaldía que permitieron la exposición en un espacio publico.
«La estructura estaba en evidente estado de oxidación y no se encontraba asegurada debidamente», afirmó Caballero.
Agregó que existe una responsabilidad estatal por la muerte de la menor ya que «el Estado tenía la obligación de supervisar la exposición concesionada a un particular en un espacio público como forma de prevenir riesgos», y se demostró que «no adoptó medidas para prevenir el riesgo derivado de la exposición de piezas de gran tamaño en un lugar público».
Caballero aseguró que el Estado es responsable por la violación al derecho a la vida, a la integridad y a la protección de la niñez; así como a las garantías judiciales y la protección judicial debido a la impunidad del caso, pues en 2005 la Cámara Federal de Casación Penal decretó la extinción de la acción penal por prescripción y sobreseyó a los acusados.
Después de la audiencia de este miércoles las partes tendrán un mes para entregar sus alegatos finales por escrito y a partir de entonces la CorteIDH podrá emitir un fallo en los siguientes meses.
