Madrid, 9 mar (EFE).- “La herida seguirá abierta hasta que se haga justicia”, afirman familiares de fallecidos en residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia, que se muestran convencidos de que sus mayores no hubieran muerto igual si hubieran sido trasladados a un hospital.
De esta forma se expresan algunos de los más de cien familiares que presentaron una denuncia colectiva ante la Fiscalía de Madrid el 10 de octubre de 2024 contra altos cargos del entonces Gobierno regional y los geriatras de veinticinco hospitales por un presunto delito continuado de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria.
Los promotores de la acción alertan del “riesgo de que los delitos denunciados prescriban si el Ministerio Público y los Juzgados no actúan con rapidez”, ya que empezarían a prescribir desde la segunda quincena de este mes de marzo.
Entre las denunciantes se encuentra Ana González, quien compareció en febrero en la Fiscalía de Leganés para relatar las circunstancias en las que murió su suegra, María, a los 86 años, en la residencia Los Frailes, situada en esta localidad madrileña, y hace unos días recibió la notificación del Ministerio Fiscal de que remite el caso al Juzgado.
“El 30 de marzo de 2020 el médico llamó a una de mis cuñadas para decirle que la iban a aislar porque había tenido contacto con gente que tenía covid y que no nos preocupáramos porque no tenía síntomas y estaba bien, pero mi suegra se murió el 1 de abril. El parte del día 31 fue que seguía asintomática y que no quería comer”, recuerda González.
Según el certificado de defunción, falleció por sospecha de covid y por una insuficiencia respiratoria aguda.
“Mi suegra se murió asfixiada, sola, sin recibir ningún cuidado, sin sedación. Se le denegó auxilio, como a muchas otras personas, porque la Comunidad de Madrid hizo unos protocolos que impidieron que las personas mayores fueran derivadas de las residencias a los hospitales”, explica.
Y se muestra convencida de que si hubiera sido trasladada a un hospital, su suegra se podría haber salvado o habría muerto “con consideración, con dignidad”.
“Ni siquiera sabemos si las cenizas que tenemos son de ella. Yo llamé a la residencia y al Ayuntamiento de Leganés para ir a verla, pero nos dijeron que no se podía porque había restricciones. La incineraron en un pueblo de Valladolid, sin que pudiéramos verla en ningún momento”, resalta.
González espera que los jueces investiguen los hechos y que depuren responsabilidades para que esto no vuelva a ocurrir nunca más.
Otra de las denunciantes que declaró en febrero, en su caso en la Fiscalía Provincial de Madrid, es Pilar Vega en relación con la muerte de su padre, Ramón, a los 96 años, en la residencia Casasolar, ubicada en la capital.
En marzo de 2020, en conversaciones por teléfono móvil que mantenían a diario, su padre le contaba que “estaba totalmente desatendido”, que no le habían duchado la mayoría de los días porque la persona que se encargaba de esta tarea había cogido la covid, que no le daban sus medicamentos, que no le habían ayudado a vestirse y que permanecía “recluido en su habitación” porque no lo dejaban pasear por los pasillos. “Todo eso le fue mermando”, reseña.
A la semana de estar solo en su habitación, sin recibir visitas de la familia ni de la residencia, salvo la auxiliar que le llevaba el desayuno, la comida y la cena a su padre, le quitaron el móvil para evitar quejas por la falta de cuidados.
La última vez que habló con su padre fue el 31 de marzo de 2020, a través de una videoconferencia, por el teléfono móvil de la directora de la residencia, y lo encontró “encamado sin motivo”, “lúcido”, con sus facultades mentales “en perfecto estado”, aunque necesitaba un andador para desplazarse.
“Ya nunca más volvimos a verlo o hablar con él. Yo seguía llamando por teléfono mañana, tarde y noche, pero me decían que como tenía dificultades para respirar, le tenían sedado hasta que el día 3 de abril del 2020 falleció sobre las 18:00 horas, sin que lo trasladaran al hospital”, refiere.
Vega espera que se haga justicia. “Todo esto viene porque la Comunidad de Madrid no medicalizó las residencias y no derivó a los hospitales a los residentes por tener minusvalía física. Aplicaron dos protocolos, el clínico y el de no derivación hospitalaria. A personas como mi padre no les dieron la oportunidad de vivir más tiempo”, subraya.
