San José, 13 jul (EFE).- El Gobierno de Nicaragua que presiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo está ejerciendo acoso, vigilancia y hostigamiento constante contra familiares de periodistas nicaragüenses exiliados, denunció este domingo un portavoz de la ONG Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), con sede en San José.
El portavoz de la FLED dijo a EFE que en su último informe, divulgado el jueves pasado, compartieron el testimonio de un grupo de periodistas que aseguran que sus familiares en Nicaragua son víctimas de vigilancia constante tanto por fanáticos del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como por agentes policiales, que ha obligado a algunos comunicadores a practicar la autocensura.
«La cobertura noticiosa dentro del país se ha visto seriamente restringida en los últimos tres meses. La vigilancia constante hacia los familiares de periodistas, el hostigamiento policial durante las coberturas y las represalias directas han obligado a muchos comunicadores a modificar o abandonar su labor informativa», señala el informe de la FLED.
Los testimonios de los comunicadores
El informa cita el testimonio de una periodista exiliada en Estados Unidos que administra una plataforma noticiosa, quien denunció que su familia, que permanece en Nicaragua, fue objeto de vigilancia por parte de «civiles armados» vinculados al partido sandinista.
El incidente, ocurrido en abril pasado, incluyó actos de hostigamiento e intimidación en los alrededores de la vivienda familiar, generando un fuerte impacto emocional en sus familiares, de acuerdo con el informe.
Esa acción intimidatoria fue interpretada por la periodista como una represalia por su ejercicio profesional desde el exilio.
Un promotor de la Libertad de Prensa de la FLED también recibió la denuncia de otra periodista exiliada, que reportó que durante abril pasado se intensificó la vigilancia hacia su familia en Nicaragua.
La comunicadora aseguró que fanáticos sandinistas vigilaban su vivienda generando un clima de temor e inseguridad. A su vez expuso que esa situación incluso la llevó a desistir de gestionar el pasaporte de su hija por miedo a represalias.
El informe reporta, además, el caso de una periodista exiliada, cuya familia, que reside en comunidad rural, fue víctima de asedio e intimidación por parte de agentes policiales y personas vinculadas al régimen sandinista.
Otra periodista nicaragüense que colabora con un medio digital en el exilio denunció «ser víctima de una campaña de amenazas sistemáticas dirigidas tanto contra ella como contra su entorno familiar», según el informe.
Los mensajes intimidatorios
La comunicadora aseguró que ha recibido «mensajes intimidatorios» con detalles precisos sobre su domicilio, la ubicación de sus hijos y sus rutinas familiares.
«Me escriben diciéndome ‘ya sabemos dónde vivís, sabemos que tenés hijos y a dónde estudian’, y hasta la dirección de mi casa me la mandan (…) Buscan infundir terror para paralizarnos y que dejemos de hacer periodismo”, relató a la FLED.
Ese organismo exigió al Estado de Nicaragua y a «sus estructuras» cesar esas agresiones y garantizar condiciones para el ejercicio pleno y seguro de la libertad de prensa, dentro y fuera del país.
Al menos 293 trabajadores de medios de comunicación nicaragüenses han abandonado su país por razones de seguridad o han sido desterrados desde abril de 2018, según la FLED.
Entre 2018 y 2023 se han cerrado al menos 54 medios de comunicación, entre ellos cinco que fueron allanados y confiscadas sus propiedades, incluido el diario La Prensa, Confidencial, 100 % Noticias y la Trinchera de la Noticia, según esa ONG.
Desde abril de 2018, Nicaragua atraviesa una crisis política y social, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta y con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
