Familiares de víctimas de la guerra contra las drogas de Duterte esperan por fin justicia

Manila, 14 mar (EFE).- La vida de Purísima Dacomos dio un vuelco la noche en la que varios agentes de Policía irrumpieron en su casa y mataron a su esposo, hace ya casi ocho años en la región capitalina de Caloocan, en plena guerra contra las drogas orquestada por el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte.

Este viernes, día en el que el exmandatario comparece ante los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, por primera vez tras ser detenido por sorpresa en el país asiático el martes, Dacomos y otros familiares de víctimas de la guerra contra las drogas subrayaron a EFE su alivio tras años de lucha.

Visos de justicia

“Me siento feliz, porque quienes cometieron el crimen, incluido el expresidente, siguen siendo perseguidos. Espero que lo encarcelen”, dijo Dacomos desde la capitalina Universidad de la Salle, donde participó en una pequeña manifestación estudiantil contra Duterte.

Después de que varios policías de paisano mataran a su marido en una supuesta operación antidroga el 3 de agosto de 2017, época de las redadas casa por casa conocidas como ‘tokhang’ en las que los agentes tenían orden de disparar a matar si el sospechoso oponía resistencia, esta mujer de 57 años de edad evitó presentar una denuncia.

“Tenía miedo, los involucrados eran policías y además somos pobres”, explicó.

Tampoco Estrella Nonay, de 71 años de edad, pudo acudir a la justicia cuando su hijo de 33 años y conductor de taxi triciclo murió de un disparo al dejar a un pasajero en Caloocan, asesinado por dos hombres desconocidos que desaparecieron en motocicleta.

“La Policía no dio ninguna explicación”, recordó Nonay a EFE. “No presentamos ninguna denuncia porque no teníamos dinero para pagar”, lamentó, “y además no teníamos pruebas”.

El Manila Bulletin calificó al hombre como un “conocido usuario de drogas” al reportar la muerte en junio de 2018, en una lacónica noticia que subrayó cómo “varios conductores de triciclos habían sido asesinados por asaltantes en motocicleta en la ciudad”.

Impunidad pese a miles de muertos

Esta impunidad floreció bajo el mandato de Duterte, que ya antes de dar el salto a la presidencia se había ganado una reputación de gobernante inflexible como alcalde de la ciudad sureña de Davao durante más de dos décadas. Una mano dura, en la turbulenta urbe que fue su primer laboratorio para la guerra contra las drogas, que le valió sobrenombres como el de “El Castigador” o “Duterte el Sucio”.

Entre 2016 y 2022, con Duterte como presidente, unas 6.000 personas murieron en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales según cifras de la Policía, unas estimaciones que ONG locales elevan a más de 30.000 fallecidos.

El exmandatario fue arrestado el martes en Filipinas, después de que la CPI emitiese una orden secreta por considerarlo responsable del crimen de lesa humanidad de asesinato, al considerar que hay “motivos razonables” para creer que lideró un escuadrón de la muerte y utilizó su poder presidencial para llevar a cabo asesinatos extrajudiciales.

La CPI inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales y en 2021 vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos, a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado.

No obstante, el tribunal subrayó en su orden de arresto que tiene jurisdicción para examinar supuestos delitos ocurridos cuando el país todavía era miembro de la CPI. Por ello, el caso de la Corte abarca desde el 1 de noviembre de 2011 al 16 de marzo de 2019.

Primera comparecencia ante La Haya

Duterte, extraditado por Filipinas el miércoles, hace su primera aparición oficial y pública ante los magistrados del tribunal en La Haya este viernes a las 14.00 hora neerlandesa (13.00 GMT), una audiencia inicial en la que se le informará de sus derechos y del crimen el que se le vincula.

Jane Lee, cuyo marido fue víctima de un asesinato extrajudicial en marzo de 2017, afirmó a EFE que verá con atención la comparecencia del expresidente ante la corte.

“La larga espera ha terminado”, explicó, “esto es realmente lo que las familias de las víctimas queríamos”.

Atrás quedan años de activismo de mujeres como Dacomos, Nonay y Lee en el seno de la asociación Rise Up, que aúna a familiares de las víctimas de la despiadada campaña antinarcóticos del expresidente.

“Nos dimos cuenta de que la justicia que buscábamos pasaba por alzar la voz, hablar en las calles, fortalecer a otras víctimas como nosotros para que no solo nos escucharan en los lugares donde contábamos nuestra historia, sino en todo Filipinas y en el mundo entero”, explicó Lee.

David Asta Alares