Lima, 27 jul (EFE).- Alrededor de 200 personas, familiares de víctimas del conflicto armado interno y de protestas recientes, participaron este domingo en una movilización hacia el cerro San Cristóbal, en Lima, para reclamar justicia, memoria y dignidad, en rechazo a la ley de amnistía aprobada por el Congreso para favorecer a uniformados sentenciados o procesados por abusos a los derechos humanos.

La movilización de activistas y víctimas del conflicto armado interno (1980-2000) responde a la reciente ley de amnistía que favorecerá a militares, policías y miembros de los comités de autodefensa condenados o investigados por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, entre otros delitos, cometidos en el marco del combate a las bandas armadas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).

La norma promovida por el fujimorismo en el Congreso pone en riesgo más de 150 sentencias firmes y cerca de 600 procesos judiciales en curso, lo que representa uno de los retrocesos más graves en la lucha contra la impunidad en el Perú, sostuvo la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
La peregrinación hacia el ‘Apu Usharu’, denominación quechua para el cerro San Cristóbal, comenzó con una ofrenda, en señal de conexión con la tierra y un llamado a la justicia, dirigida por un maestro y danzante de tijeras.
Luego, los manifestantes bajaron las escalinatas del cerro vestidos de color rojo de la bandera nacional, dado que el lunes se celebra el aniversario patrio en Perú, en señal de «resistencia y justicia» por las víctimas.
Además, los participantes portaban fotografías de las víctimas del conflicto armado interno y de las recientes protestas antigubernamentales, recordando que sus nombres no se olvidan y que la justicia sigue pendiente.
«Este acto busca visibilizar la deuda histórica con las familias víctimas, que desde hace años siguen esperando justicia, verdad y reparación», anotó la CNDDHH en su cuenta de la red social X.
Pidió que, en los festivos por Fiestas Patrias, el lunes y el martes, se recuerde que «el Perú también enfrenta heridas abiertas y memorias vivas que exigen respuestas».
A propósito de la ley de amnistía, que está pendiente de la promulgación del Ejecutivo, el ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó el sábado «su más enérgico rechazo» a la disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de suspender el trámite de esta controvertida norma.
El gobierno peruano reivindicó su soberanía y se opuso a lo que, a su consideración, son «reiteradas disposiciones de la Corte que contravienen el derecho internacional».
Junto a la inmediata suspensión del trámite de amnistía, la Corte IDH también fijó una audiencia pública para el próximo 21 de agosto, a la que convocó al Estado peruano, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar la adopción de medidas provisionales en el marco de la suspensión del trámite de la amnistía.
El conflicto armado interno de Perú (1980-2000), desatado por el grupo maoísta Sendero Luminoso y el marxista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), fue una de las épocas más violentas de Perú al estimarse que dejó unos 69.000 muertos, según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).