Quito, 9 may (EFE).- Familiares de personas víctimas de desapariciones forzadas en Ecuador se concentraron este viernes en el centro histórico de Quito, para exigir justicia y transparencia al Gobierno sobre los casos aún sin resolver que implican presuntamente a miembros de las Fuerzas Armadas del país andino.
Según informaron distintas asociaciones de derechos humanos presentes, la Defensoría del Pueblo de Ecuador registra un total de 339 víctimas de desaparición forzada en todo el territorio nacional, de las cuales 33 corresponden al pasado año 2024.
Respecto a las causas de estos hechos, Fernando Bastias, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) en Ecuador, señaló que son “resultado de la aplicación de un uso abusivo de la fuerza, de la militarización de la seguridad ciudadana y (…) de un uso irresponsable de la figura del ‘conflicto armado interno'”.
“Estas desapariciones implican directamente a agentes de las Fuerzas Armadas. Existe evidencia suficiente para confirmar eso, tanto que todas están actualmente bajo investigación de la Fiscalía por uso ilegítimo de la fuerza”, subrayó Bastias.
Entre sus demandas, los familiares de los desaparecidos exigen al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que ordene al Ministerio de Defensa y al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas entregar toda la información recabada sobre los procesos abiertos en los que se comprobó vulneración de derechos.
“Podría estar incurriendo (Daniel Noboa) en una especie de complicidad, ya que no se puede reservar o clasificar información cuando se investigan graves violaciones a derechos”, denunció el representante del CDH.
Los cuatro de Guayaquil
“No hay palabra de consuelo que compense el dolor que sentimos. Necesitamos saber la verdad”, expresó Luis Arroyo, padre de dos de los cuatro menores que fueron desaparecidos y asesinados en diciembre pasado, tras haber sido previamente detenidos de manera irregular por patrullas militares en el sur de la ciudad de Guayaquil.
La noche del 8 de diciembre de 2024, los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, quienes vivían en el barrio Las Malvinas, de Guayaquil, fueron detenidos irregularmente por dos patrullas en los exteriores de un centro comercial y fueron llevados a Taura, cerca a una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Los militares implicados en este caso -y que están recluidos en dos cárceles del país bajo prisión preventiva- aseguraron desde un inicio que abandonaron a los menores con vida en una zona rural de la localidad, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, y lo ratificaron en una primera reconstrucción de los hechos realizada en marzo. La autopsia de los restos de los menores reveló que recibieron disparos en la cabeza.
Recientemente, tres de los diecisiete militares investigados cambiaron su declaración para confesar que los menores fueron sometidos a golpes y vejaciones por parte de sus compañeros, con el objetivo de acogerse a la colaboración eficaz (delación premiada) y quedar apartados de la acusación de la Fiscalía.
Según esta última versión, la agresión estuvo a cargo de un subteniente, un sargento, un cabo y un soldado de las Fuerzas Armadas.
“Desde el inicio sostuvieron que ellos (Fuerzas Armadas) no habían tocado a nuestros hijos, que los habían dejado sanos y salvos, pero en los exámenes forenses se evidencian torturas, maltrato, fracturas de huesos, de tórax, de cráneo…”, denunció Arroyo.
Reclaman intervención de organismos internacionales
Además de exigir justicia, las familias pidieron la intervención de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otros, para esclarecer lo sucedido.
Varias de estas denuncias de desapariciones se han dado en el marco del estado de “conflicto armado interno” decretado desde 2024 por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para poder enfrentar a las bandas del crimen organizado.
Noboa ha decretado sucesivos estados de excepción en los que ha dispuesto que las Fuerzas Armadas participen en operaciones contra el crimen organizado y se encarguen del control de las cárceles, epicentros de la crisis de violencia en Ecuador al estar controladas por estas estructuras criminales que pasó a denominar como “terroristas”.
De acuerdo al CDH, la Fiscalía registra más de 15 denuncias por ejecuciones extrajudiciales desde que se declaró el estado de “conflicto armado interno”, 83 investigaciones por tortura, 223 por extralimitación en el uso de la fuerza y 8 por desaparición forzada, si bien el organismo considera que son más.
