Quito, 11 jul (EFE).- Familiares de los diecinueve miembros de las Fuerzas Armadas de Ecuador que están detenidos por la fuga carcelaria de Federico Gómez Quinde, alias ‘Fede’, cabecilla de Los Águilas, una facción de la banda Los Choneros, aseguraron este viernes que los soldados son inocentes y responsabilizaron a «altos rangos» de la salida del reo de la Penitenciaría del Litoral.
Lo hicieron durante una manifestación realizada en los exteriores del Palacio presidencial de Carondelet, la sede del Gobierno ecuatoriano, a donde llegaron desde diferentes ciudades para pedirle al presidente Daniel Noboa «justicia» en este caso en el que, aseguraron, se está culpando a sus familiares para encubrir a los verdaderos responsables.
«Señor presidente, aquí hay omisión, pero de los altos rangos. ¿Dónde está el director de la Penitenciaría? ¿Dónde está el director de la SNAI (Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad)? ¿Dónde están los policías que estuvieron en esas guardias, la gente del policlínico? Esto no se da de la noche a la mañana. Los militares hacen guardias rotativas», dijo a EFE Patricia Arechuva, pariente de uno de los soldados.
La fuga de ‘Fede’
El caso se remonta al pasado 20 de junio, cuando se descubrió que ‘Fede’ se había fugado de la Penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil y considera como la prisión más grande y peligrosa del país, con aparente complicidad de las fuerzas de seguridad.
La fuga, que se habría producido durante la mañana después de que él y otros cuatro presos fueron llevados hacia un dispensario médico de la cárcel, fue catalogada por el presidente Noboa como una «traición», por lo que pidió que se detenga en flagrancia a todo el personal de la penitenciaría que se sospechaba que estaba involucrado mientras duren las investigaciones.
Veintidós personas fueron detenidas y procesadas por el presunto delito de evasión, entre ellas diecinueve militares que formaban parte del control del centro penitenciario.
Según la Fiscalía, se registraron una serie de «inconsistencias» entre las versiones que dieron los soldados, la bitácora de la cárcel y el cuaderno de registro de entradas y salidas del pabellón 12, en donde estaba recluido Fede.
Una guía penitenciaria que es parte de lo detenidos, habría dicho en su versión que recibió una orden verbal para movilizar a los cinco presos, pero que en el camino uno de ellos fue separado del grupo por militares, quienes supuestamente le dijeron que se harían cargo de su traslado, según reportaron medios locales.
Sin embargo, las familias de los militares insistieron este viernes en que ellos no son los responsables, pues su único rol es custodiar la cárcel para que no se generen disturbios entre los presos y que los «filtros de entrada y de salida» están a cargo de la Policía y de los agentes penitenciarios del SNAI, la institución del Estado que administra las prisiones.
«Esto fue planificado y no son parte de eso los diecinueve militares. Aquí hay gente de arriba, señor presidente. Ayúdenos», agregó Arechuva.
Estefanía Loor, otra pariente, dijo que dentro de la cárcel los militares solo cumplen órdenes, que ellos no tienen la potestad de mover a presos y que sus familiares están «injustamente detenidos» porque el caso se volvió «mediático y político».
«Queremos justicia, que ellos se puedan defender en libertad», añadió Loor.
Las familias aseguran que han interpuesto varios habeas corpus para que los soldados puedan salir de la cárcel, pero que han sido negados. El próximo 30 de julio tendrán una audiencia de revisión de la prisión preventiva.
Declarado objetivo militar
‘Fede’ es uno de lo cabecillas de Los Águilas, grupo criminal que era liderado por Junior Roldán, alias ‘JR’, quien antes de ser asesinado en 2023 en Colombia era también uno de los líderes de Los Choneros, el grupo criminal más antiguo que opera en el territorio ecuatoriano que quedó al mando de José Adolfo Macías Villamar, alias «Fito», recientemente recapturado.
Tras su fuga de la cárcel, ‘Fede’ fue catalogado como un objetivo militar y el Gobierno ofreció una recompensa de un millón de dólares para quien otorgue información que lleve a su captura.
Las cárceles son parte de la crisis de violencia que ha llevado a que Ecuador se sitúe a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, lo que llevó a Noboa a ordenar su militarización desde inicios de 2024, cuando declaró la «guerra» a las bandas del crimen organizado y las catalogó como «grupos terroristas».
Hasta ese momento las bandas criminales controlaban las principales cárceles del país, donde desde 2021 han sido asesinados más de 500 reclusos, la mayoría de ellos en una serie de masacres por disputas y enfrentamientos entre distintas estructuras criminales.
