Lima, 21 ago (EFE).- Decenas de familiares de víctimas de matanzas y violaciones cometidas en Perú por policías y militares durante el conflicto armado interno de Perú (1980-2000) se manifestaron este jueves frente al Palacio de la Justicia de Lima para rechazar nuevamente la amnistía concedida a los miembros de las fuerzas de seguridad.
Convocados por organizaciones defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas y activistas realizaron un plantón y vigilia en el que corearon, pancarta en mano, “abajo la ley de amnistía”, aprobada por el Congreso y promulgada por la presidenta, Dina Boluarte.
A sus pies, una alfombra negra con el trazo de siluetas blancas recordaba a “Raúl García Gallo”, “Cristian Armando Mamani”, “Beckhan Romario Quispe”, o “Jose Santos Medina Vega”, entre otras víctimas de las masacres de los años del conflicto, y sobre esta, apoyados, dibujos de retablos blancos con lugares, fechas y mensajes como “Dina asesina, ni liberando criminales te vas a salvar de la cárcel”.
Entre las voces alzadas, Tanía Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), explicó cómo la aprobación de esta ley supone un ataque directo a “la dignidad humana”, pero también al “derecho a la justicia” en Perú.
“Lo que se nos está diciendo es que en Perú se puede violar a las mujeres, ejecutar extrajudicialmente, hacer detenciones, luego desaparecerlas o torturarlas, y no pasa nada”, denunció Pariona.
En su discurso, la excongresista Pariona habló de la abolición de la amnistía como una “sanción ejemplar”, pero era en asistentes como Justa Chuchón Gamboa, superviviente de la masacre de Accomarca (1985), que resonaban gritos como jamás será olvidada, la sangre derramada».
Indignación en familiares
Con 12 años, Chuchón, campesina de la comunidad de Accomarca, en la sureña región andina de Ayacucho, vivió uno de los episodios más brutales del conflicto armado interno de Perú, con 69 personas asesinadas por el Ejército peruano, y la dinamitación y cremación de los cuerpos con la intención de borrar testimonios.
“Me han torturado y me han ultrajado”, admitió Chuchón, y preguntó: “¿eso es justo?”.
“Mi hermano tenía 25 años, ella era una niña”, reivindica a su lado, Marly Anzualdo Castro, hermana del desaparecido dirigente estudiantil Keneth Anzualdo Castro. «Queremos un país en paz pero un país con justicia, con verdad, con dignidad y con memoria”, dijo.
El plantón se realizó en la capital peruana al mismo tiempo que en San José la Corte Intermericana de Derechos Humanos (CorteIDH) celebraba una audiencia para valorar las implicancias de la amnistía después de que Boluarte desacatase la disposición del tribunal de suspender la promulgación de la amnistía.
La CorteIDH realizó la audiencia como parte del seguimiento al cumplimiento de sentencia de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde un total de 25 personas fueron asesinadas por el grupo militar encubierto Colina. Algunos de los integrantes de este grupo participó en el acto de promulgación de la amnistía celebrado por Boluarte.
Unos 600 procesos judiciales en el aire
El conflicto armado interno (1980-2000) fue una de las épocas más violentas de la historia de Perú que dejó unos 69.000 muertos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), desatada por la organización maoísta Sendero Luminoso y el marxista MRTA mediante acciones terroristas que fueron respondidas por las fuerzas de seguridad con episodios de extrema crueldad hacia la población, donde se vulneraron derechos humanos con torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
La amnistía beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados, investigados o procesados por delitos cometidos entre 1980 y el 2000.
Además, incluye también a los que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, o en trámite de ejecución, y hayan cumplido un mínimo de 70 años. En cambio, la amnistía no será aplicable a los denunciados o imputados por terrorismo o por delitos de corrupción de funcionarios.
La CNDDHH, que ha acompañado y denunciado varios casos de violaciones durante el conflicto interno, sostiene que la amnistía «borra décadas de lucha por justicia y verdad» y apunta que más de 150 condenas y 600 procesos «están en riesgo».
